Un joven marroquí residente en Altea permanece internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia mientras intenta paralizar la orden de expulsión dictada contra él mediante una solicitud de regularización y protección internacional.
El caso ha generado preocupación entre colectivos de apoyo a personas migrantes, que reclaman que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelva su situación administrativa y la petición de asilo.
Índice de contenidos
Vive en Altea desde hace dos años
El joven, de origen marroquí, llevaba alrededor de dos años residiendo en Altea, en la comarca de la Marina Baixa. Según su entorno jurídico, estaba inmerso en un proceso para regularizar su situación en España cuando fue detenido por la Guardia Civil el pasado 6 de mayo.
Tras el arresto fue trasladado al juzgado de instrucción de Benidorm para prestar declaración y posteriormente ingresado en el CIE de Valencia con una orden de expulsión activa.
La defensa sostiene que el joven cumple varios requisitos de arraigo:
- está empadronado en España,
- carece de antecedentes penales,
- y había iniciado trámites para acogerse a un proceso extraordinario de regularización.
Solicitud de asilo por motivos religiosos
Paralelamente al expediente administrativo, la defensa también ha solicitado protección internacional alegando motivos religiosos.
Según explican sus representantes legales, el joven abandonó Marruecos tras convertirse al cristianismo, circunstancia que, aseguran, le habría generado problemas en su país de origen.
La estrategia jurídica busca ahora paralizar temporalmente la expulsión mientras las autoridades estudian:
- la solicitud de asilo,
- la petición de regularización,
- y la situación personal del joven.
En caso de que la protección internacional sea rechazada, la defensa todavía podría presentar alegaciones y recurrir la decisión.
Plataformas de apoyo piden detener la expulsión
Diversos colectivos y plataformas de apoyo a personas migrantes han pedido públicamente que no se ejecute la expulsión hasta que finalice la tramitación administrativa y judicial.
Las organizaciones recuerdan que los procedimientos de asilo y regularización siguen abiertos y consideran que el internamiento en el CIE genera una situación de especial vulnerabilidad para el joven.
El caso vuelve a poner el foco sobre:
- el funcionamiento de los CIE,
- los procesos de expulsión,
- y las dificultades administrativas que afrontan muchas personas extranjeras en situación irregular pese a llevar años residiendo en España.
