Un juzgado mantiene abierta una investigación para comprobar si hubo prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la selección “caprichosa” de una empresa proveedora de la UTE Los Hornillos, encargada de la gestión de los residuos de València y área metropolitana, por parte de un funcionario de la Entidad Metropolitana de Tratamiento (Emtre) que, al igual que dos empleados de la propia UTE, tenían intereses económicos particulares en ese mercantil.

El procedimiento está abierto desde hace más de un año en el Juzgado de Instrucción número 3 de València aunque se mantuvo bajo secreto de sumario hasta el pasado mes de septiembre, cuando el órgano judicial decidió levantarlo, según ha podido saber Europa Press. La causa se dirige contra las tres personas a las que denunció en enero de 2018 Fiscalía al considerar que los hechos eran indiciariamente constitutivos de los tres delitos señalados.

A su vez, la denuncia ante Fiscalía la presentó la Emtre con el nuevo equipo de gobierno municipal, según avanza este miércoles Las Provincias. La entidad, presidida por Sergi Campillo, empezó a sospechar de irregularidades y en 2015 se modificó el sistema de selección de empresas para pasar a la adjudicación por medio de subasta pública para

Según la denuncia de Fiscalía, a la que ha tenido acceso Europa Press, la dirección técnica de la Emtre era el departamento encargado de la revisión de la selección de los recuperadoras autorizados para el transporte y gestión de los residuos generados en la planta y resto de instalaciones de Los Hornillos. Hasta 2015, se realizó mediante un sondeo de mercado confeccionado desde la UTE y en algunas revisiones participó el área técnica de la Emtre.

Una vez realizada la prospección, el departamento encargado en la UTE enviaba una propuesta a la dirección técnica de la Emtre, que elaboraba un nuevo informe con la propuesta a someter a la comisión de gobierno. Hasta la implantación de la subasta pública, los encargados de realizar la selección de empresas y el informe propuesta fueron el funcionario de la Emtre y un trabajador de la UTE, que incluyeron a una empresa en la que ambos tenían indiciariamente intereses económicos.

En esta empresa también tenía relación –como administrador único– el tercer investigado, con cargo igualmente en la UTE y que se encargó de remitir los informes resumen de la prospección de mercado a la Emtre. Según los datos de Fiscalía, esta empresa en la que los tres tenían intereses pasó de facturar cerca de 70.000 euros en 2011 a 1,8 millones en 2017 y hasta 2,2 millones en 2016.

En la denuncia de la Emtre se comunicaba que los tres denunciados tenían intereses económicos en esa sociedad y que eran estos últimos los que dirigían la selección de la empresa como proveedora de la UTE en perjuicio de otras que podrían ofrecer un precio más competitivo. Asimismo, argumentaban que desde el sistema de subasta los costes se habían abaratado y participaban más empresas del sector.

En la denuncia de Fiscalía se recoge la declaración de un directivo de la entidad que explicó ante este órgano que se había hecho un seguimiento a los camiones de la empresa seleccionada, para ver la labor de gestión de residuos voluminosos como colchones, y que se comprobó que no realizaba la valorización de ese residuo, una valorización previa que justamente había sido lo que justificó su designación para ello, a propuesta del funcionario investigado.