Uno de los miembros de ‘La Manada’ intentó obtener el pasaporte el lunes

descarga (11)Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto con los otros cuatro miembros de ‘La Manada’, intentó el lunes 25 obtener el pasaporte, pero su petición fue rechazada.

Según la diligencia a la que ha tenido acceso Efe, la jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional.

Guerrero había solicitado cita previa para realizar ese trámite y acudió a la oficina a las 11.30 horas. Una hora después, se personó ante el juzgado de guardia de Sevilla para cumplir uno de los requisitos que le impuso la Audiencia de Navarra para salir en libertad.

Antonio Manuel Guerrero se encuentra en libertad provisional desde el pasado viernes 22 de junio tras abonar la fianza de 6.000 euros que le impuso la Audiencia de Navarra para salir de prisión.

Su abogado: solo consultó la caducidad de pasaporte

Jesús Pérez, el abogado del guardia civil Antonio Manuel Guerrero ha explicado a Efe que Guerrero “se presentó en la Policía informando de su situación y si debía hacer algo”, ya que creía que tenía el pasaporte caducado pero “no lo sabía seguro y quería preguntar cómo debía actuar” e “incluso si tenían que quedárselo allí la Policía”.

“Le informaron de que al estar caducado el pasaporte no tenía que hacer nada”, ha asegurado el abogado, una situación que “se ha puesto en conocimiento del juzgado”.

“Ante tantos requisitos para el cumplimiento de la libertad provisional mi representado ha querido cumplir escrupulosamente con todo”, ha defendido el abogado, que ha añadido que “no quería tener ni el más mínimo problema” y acudió a la comisaría para informarse “por exceso de celo”.

Comparecencia en el juzgado de guardia

Como el resto de los condenados, debe comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia y así lo hizo el mismo lunes y ayer, miércoles.

También tiene prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.

Asimismo, se le retiró el pasaporte y se les prohibió salir del territorio nacional sin autorización judicial, además de designar un domicilio donde pueda ser hallado, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizado en él de inmediato se expedirá la correspondiente orden de busca y captura

Guerrero, nacido en 1989 y guardia civil desde 2015, fue padre tras un vis a vis con su novia de siempre, mientras cumplía prisión provisional por los hechos juzgados.

Condenado a 9 años de prisión por delitos continuados de abuso sexual con prevalimiento y absuelto del delito de agresión sexual, fue condenado además a 300 euros de multa por hurto, por sustraer el móvil a la víctima. En su teléfono se encontraron la mayoría de los vídeos de la agresión de Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona presenta el recurso contra la libertad de ‘La Manada’

Mientras, el Ayuntamiento de Pamplona ha interpuesto ya el recurso de súplica frente al auto de la Audiencia Provincial que acordó la puesta en libertad provisional bajo fianza de los cinco condenados de La Manada.

El escrito, según un comunicado del ayuntamiento, reitera el riesgo de fuga motivado por la gravedad de las penas impuestas (nueve años de prisión) o por la posibilidad de su incremento por los recursos a la sentencia presentados ante el TSJN, entre otras causas.

Además, insiste en que sigue existiendo el riesgo de reiteración delictiva. “El hecho de la notoriedad y conocimiento general del aspecto físico de los condenados no supone ninguna garantía en el caso de unas personas condenadas por delitos contra la libertad sexual y que se encuentran incursos en otro procedimiento por hechos semejantes, ya que este tipo de delitos se producen en un marco de ocultamiento y clandestinidad”, subraya en Ayuntamiento pamplonés.

El recurso señala también que la situación de libertad provisional decretada facilita que los condenados puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, sin que el hecho de que residan a 500 kilómetros o se haya decretado la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid garanticen sus derechos, ya que “ciertas intromisiones pueden realizarse con independencia y por medios que nada tienen que ver con la distancia física”.

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