**Intensificación de medidas contra apartamentos turísticos ilegales en Valencia: más de 1.000 clausurados en 18 meses**
La ciudad de Valencia ha intensificado su lucha contra los apartamentos turísticos ilegales, logrando cerrar más de 1.000 de estas propiedades en el último año y medio gracias a la rigurosa inspección coordinada por las áreas de Urbanismo y la Policía Local. La actual administración municipal ha implementado una moratoria en la concesión de licencias para viviendas con fines turísticos en todos los distritos de la ciudad hasta que se establezca una nueva normativa más restrictiva, que se prevé será la más severa de España.
La presidenta de APTUR CV Silvia Blasco, se ha pronunciado al respecto:
“Desde APTURCV, observamos con inquietud cómo el Ayuntamiento de València mantiene un discurso que demoniza la vivienda turística.”
“Más aún, preocupa que sea Urbanismo quien haya asumido ahora la cartera de Turismo. Es un síntoma claro de que se está abordando un fenómeno tan complejo como el turismo desde una lógica exclusivamente restrictiva, desconectada del diálogo y de la realidad del sector.”
“No se puede construir convivencia desde la división ni gestionar la ciudad a base de enemigos ficticios. Todas las viviendas de uso turístico de la Comunitat Valenciana que están registradas y reguladas no son un problema: son una parte del ecosistema económico, mayoritariamente gestionadas por familias que cumplen con la legalidad.”
“Desde APTURCV pedimos coherencia, diálogo y una política valiente que no confunda a la ciudadanía. Necesitamos verdad y responsabilidad institucional, no campañas de desgaste. Apostamos por el turismo responsable, la transparencia y la convivencia y exigimos el mismo respeto”.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha solicitado al Gobierno central la creación de una ventanilla única para el registro de apartamentos, además de criticar que la medida del Ministerio de Consumo de bloquear la publicidad engañosa sobre apartamentos turísticos ilegales “llega tarde, aunque es positiva”. Catalá también pidió que se desarrollen sistemas informáticos para controlar la publicidad en plataformas digitales relacionada con estos apartamentos ilegales, señalando que es un problema presente en todas las grandes ciudades españolas y que requiere control para que las labores de inspección municipal sean efectivas.
En este periodo, el endurecimiento de las inspecciones junto con las órdenes de cese de actividad resultaron en el cierre de más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en Valencia. “Estamos abordando el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales con acciones decididas, y formulando una normativa que desde la seguridad jurídica impida su proliferación”, subrayó Catalá.
La alcaldesa resaltó que, a diferencia de la inacción de los gobiernos de izquierda en los ocho años previos, se han movilizado cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local dedicados a rastrear la actividad ilegal de estos apartamentos en toda la ciudad. La eficaz labor de los equipos de inspectores y de los siete grupos de Policía Local ha permitido registrar más de 700 denuncias en el área de pisos turísticos durante este tiempo, unas cifras notablemente superiores a las del 2022 y 2023, cuando se efectuaron solo 73 y 84 denuncias respectivamente.
Desde la División Territorial de la Policía Local de Valencia, se ha coordinado un protocolo de actuación junto con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento. Ante cualquier reclamación, los agentes acuden al lugar para recabar la información de los ocupantes y ubicar la plataforma de reserva, emitiendo un acta-denuncia si se constata la ilegalidad de la actividad, y localizando al propietario a través del IBI.
Es relevante mencionar que la proliferación de apartamentos turísticos comenzó en 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y el PSOE, registrándose más de 4.500 apartamentos hasta 2023. Asimismo, en 2018, ese mismo gobierno de izquierda modificó el planeamiento urbanístico para permitir la apertura de apartamentos turísticos en bajos comerciales, algo que estaba prohibido hasta entonces.
