Catalá anuncia un Programa de Defensa del Vecino contra los pisos turísticos y asegura que la Policía Local ha multiplicado por 14 las inspecciones
El Ayuntamiento de Valencia ha denegado 3.500 plazas de alojamientos turísticos en apenas tres meses desde la aplicación de la nueva normativa municipal. La alcaldesa, María José Catalá, ha utilizado el Debate del Estado de la Ciudad para hacer balance de la regulación de las viviendas turísticas y anunciar nuevas medidas destinadas a las comunidades de propietarios, al tiempo que ha presentado nuevas actuaciones para incrementar el parque público de vivienda.
Los anuncios concretos en vivienda suman 395 nuevas viviendas públicas: 166 en Patraix, suelo para otras 170 viviendas dotacionales en Ciutat Vella y Torrefiel y 59 viviendas de alquiler asequible en Quatre Carreres, estas últimas con una inversión cercana a los 20 millones de euros.
Más de 1.000 viviendas públicas actualmente en marcha
Catalá aseguró que Valencia cuenta actualmente con más de 1.000 viviendas públicas en marcha, de las que se habría ejecutado ya el 52%.
Según los datos ofrecidos por la alcaldesa, el parque público se ha incrementado con 523 viviendas incorporadas y se han entregado 296 viviendas de alquiler a familias y jóvenes, frente a las 39 que atribuye al anterior gobierno municipal. Son cifras facilitadas por el gobierno local durante el Debate del Estado de la Ciudad.
La estrategia municipal, según defendió Catalá, pasa por aumentar la oferta disponible.
El Ayuntamiento asegura haber activado 18 PAI que permitirían desarrollar 13.000 viviendas, de las cuales 3.000 serían públicas. A esto añade una bolsa de suelo en Benimàmet con capacidad para otras 3.600 viviendas.
166 viviendas públicas en Patraix
Uno de los anuncios más concretos afecta a Patraix.
El Ayuntamiento iniciará los trámites para construir 166 viviendas públicas, mientras que en Ciutat Vella y Torrefiel se liberará suelo para levantar otras 170 viviendas dotacionales públicas, especialmente orientadas a jóvenes.
Además, Catalá anunció que el Ayuntamiento aprobará el proyecto de ejecución de 59 viviendas para alquiler asequible en Quatre Carreres, con un presupuesto próximo a los 20 millones de euros.
Estas cifras son especialmente relevantes porque el documento general del Debate del Estado de la Ciudad manejaba cantidades ligeramente diferentes. Este comunicado específico de Vivienda, fechado también el 17 de septiembre, concreta las actuaciones en 166 + 170 + 59, por lo que para esta noticia utilizaría estas últimas cifras.
El Cabanyal: 166 viviendas entre rehabilitación y nueva construcción
El plan municipal incluye también actuaciones en el Cabanyal.
El Ayuntamiento señala que existen 93 viviendas en rehabilitación y otras 73 de nueva construcción, entre ellas las correspondientes al nuevo edificio de Astilleros.
Catalá anunció asimismo que se han concedido 267 ayudas para rehabilitar 50 inmuebles.
3.500 plazas turísticas rechazadas en tres meses
El otro gran bloque del anuncio afecta a los apartamentos turísticos.
Según los datos presentados por Catalá, la nueva normativa municipal ha permitido denegar 3.500 plazas de alojamiento turístico en tres meses.
La alcaldesa calificó la regulación vigente como la más estricta de España y contrapuso sus medidas a las aplicadas por los anteriores gobiernos municipales. Esta última es una valoración política de Catalá, no un dato independiente.
El Ayuntamiento asegura que actualmente emite una media de 449 órdenes de cese al año contra apartamentos turísticos irregulares.
Inspecciones multiplicadas por 14 y cortes de agua y luz
La presión inspectora también habría aumentado considerablemente.
Según el balance municipal, la Policía Local ha multiplicado por 14 las inspecciones de apartamentos turísticos.
Además, las órdenes de cese van acompañadas de una orden de corte de los suministros de electricidad y agua, mientras que las sanciones impuestas durante los últimos tres años superan conjuntamente los 1,6 millones de euros.
160 apartamentos quieren volver al uso residencial
La nueva regulación estaría produciendo además otro efecto.
El Ayuntamiento asegura que 160 apartamentos se han interesado por revertir su situación y volver al uso residencial.
Catalá contrapuso estos resultados a las 318 licencias anuales que, según afirmó durante su intervención, concedía anteriormente el Ayuntamiento.
Nace el Programa de Defensa del Vecino
Una de las novedades más importantes será la creación del denominado Programa de Defensa del Vecino, dirigido específicamente a comunidades afectadas por viviendas turísticas.
El programa se estructura inicialmente alrededor de tres medidas.
Las comunidades de propietarios podrán recibir ayudas para crear o modificar sus estatutos e introducir el requisito de una mayoría de tres quintos para impedir la apertura de viviendas turísticas. El Ayuntamiento plantea sufragar parte de los costes relacionados con el registro.
Los vecinos que no quieran viviendas turísticas en sus edificios también recibirán orientación municipal y podrán acceder a los expedientes administrativos correspondientes.
Finalmente, el Ayuntamiento anuncia asistencia jurídica para iniciar acciones penales, aunque el documento facilitado termina precisamente en este punto y no desarrolla en las páginas disponibles las condiciones concretas en las que se prestará esa asistencia.
Vivienda y turismo, dos problemas conectados
El gobierno municipal ha situado así en el mismo bloque político dos de los asuntos que mayor presión generan sobre el mercado residencial de Valencia: la creación de vivienda pública y la regulación de los alojamientos turísticos.
Por un lado, plantea incrementar directamente la oferta mediante nuevos desarrollos, vivienda protegida, alquiler asequible y rehabilitación. Por otro, intensifica las inspecciones y cierres de apartamentos turísticos irregulares y ofrece nuevas herramientas a las comunidades de propietarios.
Las cifras anunciadas este jueves permiten medir la dimensión de ambas estrategias: 13.000 viviendas previstas mediante 18 desarrollos urbanísticos, 3.000 de ellas públicas; 395 nuevas viviendas públicas concretadas en Patraix, Ciutat Vella, Torrefiel y Quatre Carreres; y 3.500 plazas turísticas rechazadas en solo tres meses.
