En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia celebrado este lunes, quedó patente la falta de consenso entre los partidos políticos en torno a la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Aunque el PP intenta avanzar con esta propuesta, no cuenta con el respaldo de Vox, su socio de gobierno, ni de la oposición, conformada por Compromís y PSPV. Sin sorpresas de último momento, el proceso de modificación de la ordenanza se enfrenta a limitaciones de tiempo, lo que impide su inclusión en los procedimientos habituales que requieren una comisión, un pleno, exposición pública y posterior ratificación.
La falta de aprobación de la ZBE podría impactar económicamente a los ciudadanos en 2026. Compromís y PSPV advierten que la no recepción de ayudas estatales, valoradas entre 35 y 40 millones de euros, podría provocar un incremento del precio del bonobús. Según el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, el costo del bonobús subiría de 5,1 a 8,5 euros a partir de enero. Esta situación requiere vigilancia para determinar si se alcanzará un acuerdo o si el Ministerio Para la Transición Ecológica cortará las ayudas.
Otro efecto adverso sería un recorte del 10% en el presupuesto municipal, destinado a cubrir la devolución de ayudas europeas y posibles sanciones por no implementar la ZBE. La ciudad de Valencia arriesgaría la devolución de 57,8 millones de euros recibidos para proyectos ya concluidos, como la ampliación de espacios peatonales y la modernización del transporte público.
Además, la ciudad podría enfrentarse a multas significativas del Gobierno, que podrían alcanzar hasta tres veces el monto de la subvención recibida. Las consecuencias económicas adicionales incluirían la pérdida de fondos de billetes SUMA, financiados parcialmente por el Estado, lo que elevaría el perjuicio económico a 155,6 millones, impactando en la capacidad de Valencia para acceder a nuevos fondos europeos.
María José Catalá, alcaldesa de Valencia, manifestó su disposición a recurrir a los tribunales si el bloqueo persiste y se imponen sanciones. Ante la posibilidad de multas de Europa, Catalá aseguró que el gobierno local las disputará judicialmente, aunque las resoluciones podrían tardar años. Borja Sanjuan señaló que sin la ZBE, Valencia será la única gran ciudad de España sin implementar esta medida, incrementando los costos del transporte público a partir del 1 de enero.
Papi Robles, portavoz de Compromís, enfatizó la importancia de la ordenanza para reducir la contaminación y evitar una pérdida económica significativa. En contraste, Catalá subraya que la ZBE no es una medida imprescindible, acusando a la oposición de arriesgar la salud de los residentes y la estabilidad financiera de la ciudad.
