**Ayuntamiento de Valencia solicita suspensión de decreto sobre medicamentos veterinarios**
El concejal Juan Carlos Caballero expresó su crítica durante el pleno respecto a lo que consideró una “transposición precipitada e insensata de la normativa europea”, y propuso una regulación que garantice el bienestar animal. El Ayuntamiento acordó instar al Gobierno a aplicar un IVA reducido para la atención veterinaria.
En la sesión plenaria de abril, el Ayuntamiento de Valencia solicitó al Gobierno de España la suspensión inmediata del Real Decreto 666/2023 del 18 de julio, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. El objetivo es abordar realmente el problema planteado por el Reglamento de la Unión Europea 6/2019 del 11 de diciembre de 2018. El consistorio también pidió al Gobierno iniciar un diálogo genuino con los profesionales veterinarios para formular una normativa que respete los principios deontológicos de velar por el bienestar animal.
La moción presentada por Juan Carlos Caballero, portavoz municipal y concejal responsable de la Oficina de Bienestar Animal, fue aprobada, destacando la necesidad de reducir las cargas burocráticas para los profesionales y administraciones competentes. Asimismo, se solicitó regular un IVA reducido para la atención y productos veterinarios. Según Caballero, la nueva normativa “ata de manos a los veterinarios y los convierte en sospechosos”.
Caballero señaló que la polémica surgió a partir de la entrada en vigor del artículo 39.1 del Real Decreto en enero de 2025, que obliga a notificar electrónicamente las prescripciones antimicrobianas en plazos muy ajustados y con un exceso de datos requeridos. En su intervención, explicó que la normativa “olvida la profesionalidad de los veterinarios, encarece el tratamiento animal, reduce el bienestar animal y deja fuera del tratamiento a animales de compañía no identificados”.
El regidor Giuseppe Grezzi, del Grupo Compromís, propuso en el pleno reducir el IVA al 8% y promover campañas informativas, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios, para fomentar la esterilización responsable de perros y gatos en Valencia, propuesta que fue aceptada. Anteriormente, la regidora del Grupo Socialista, Nuria Llopis, reconoció la preocupación de Caballero por los animales, pero criticó que la moción “no depende del Ayuntamiento y sobre la que usted no tiene competencias”.
Un veterinario clínico intervino en el pleno manifestando su oposición al decreto por no haber sido consensuado con el sector y por su impacto negativo en la salud animal y la injusta criminalización de los profesionales.
**Comisión especial por la DANA**
El pleno rechazó, con votos en contra del equipo de gobierno, la moción del Grupo Socialista para crear una comisión especial de investigación sobre la gestión del Ayuntamiento de Valencia durante la DANA.
Borja Sanjuán, portavoz del PSOE, mencionó declaraciones de Esteban González Pons y María José Catalá sobre el corte de suministro eléctrico del lunes para relacionarlas con la gestión de la emergencia, afirmando que “conoceremos antes el origen del apagón que lo que hicieron Mazón y Catalá el día de la riada”. Sanjuán insistió en la necesidad de la comisión para esclarecer posibles errores en la gestión municipal y mejorar protocolos ante futuros riesgos.
Papi Robles, portavoz de Compromís, comparó la tragedia con “una herida que empeora con el tiempo” y criticó que la primera petición de una comisión de investigación “se censura junto con las víctimas, profesionales y documentación, para tapar la verdad”.
Robles afirmó que la gestión fue “nefasta y negligente”, con “mentira tras mentira”, y criticó que la alcaldesa Catalá defienda a Mazón y al Cecopi, pero olvide su responsabilidad como alcaldesa. También criticó que se propongan soluciones como el Plan Sur o más cemento, cuando lo que se necesita son ciudades más caminables y menos coches.
**Personas sin hogar y familias de acogida**
La moción del PSPV-PSOE sobre la vulneración de derechos de personas sin hogar y familias de acogida también fue rechazada. Francisco Mora Cartier, presidente del Observatorio Valenciano de las Migraciones, alertó sobre los procesos de acogida que “separan a las familias”, vulnerando derechos humanos. Exigió proteger a menores y familias migrantes, dotando a la ciudad de un proyecto más justo y humano.
Maite Ibáñez, regidora socialista, denunció el empeoramiento de los Servicios Sociales desde que el Partido Popular llegó al gobierno municipal. Criticó políticas que vulneran derechos humanos y mencionó “negligencias” como el desmantelamiento de centros de acogida y la falta de recursos para personas sin hogar.
Lucía Beamud, de Compromís, mostró su preocupación por la vulneración de derechos humanos y la invisibilidad de personas sin hogar, criticando acciones como la limpieza del Jardín del Turia. Denunció el límite de 15 días para emergencias residenciales y el cierre de recursos de acogida como el de Rocafort.
Marta Torrado, regidora de Servicios Sociales, defendió que la actuación municipal prioriza el bienestar de las personas sin hogar y la unidad familiar. Detalló proyectos con Cruz Roja para ampliar la capacidad de acogida en la ciudad.
**Proyecto de Pérez Galdós**
El pleno aprobó una moción que asegura que el proyecto urbanístico de la avenida de Pérez Galdós cumple con las ayudas europeas y refuerza la comunicación sobre rutas alternativas durante las obras. Esta moción del Grupo Popular se aprobó en lugar de la propuesta inicial de Compromís, que solicitaba inhabilitar el túnel de Pérez Galdós para el tráfico motorizado antes de las obras.
Finalmente, el pleno rechazó una propuesta socialista de solicitar un informe sobre la adjudicación de contratos de publicidad institucional y una moción de Compromís sobre el colapso de servicios sociales y falta de personal.
