Dos de las principales asociaciones de víctimas de la dana, la Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre 2024 y la Associació de Víctimes Mortals 29-O, han exigido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que solicite el acta de diputado a Carlos Mazón como requisito para mantener una reunión con el nuevo jefe del Consell.
Esta petición se ha hecho pública a través de un comunicado emitido el sábado, tras la divulgación de mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, dirigidos al expresidente Carlos Mazón y a su entonces jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante el tiempo en el que ocurrió la dana. Pradas ha aportado este listado de mensajes a la jueza que investiga la gestión de la dana, un caso en el que está siendo investigada.
En uno de los mensajes, Pradas alertaba a Mazón sobre su preocupación por el barranco del Poyo, a lo que el exmandatario respondió de manera despectiva. Además, Pradas avisó a Cuenca de un fallecimiento en Utiel, Valencia, a las 16:28 del mismo día.
Las asociaciones de víctimas exigen a Pérez Llorca que tome “medidas políticas y de transparencia inmediata”, comenzando por solicitar el acta de diputado de Mazón. Han advertido que sin este paso no considerarán una posible reunión.
También han reclamado un corte total con la narrativa oficial defendida por el Consell durante el último año, afirmando que la sociedad no acepta una versión oficial que las pruebas han desmentido.
Además, piden la destitución y cese de confianza en aquellos que han respaldado dicha versión, nombrando a la vicepresidenta primera, Susana Camarero, y a los consellers José Antonio Rovira y Miguel Barrachina.
Finalmente, exigen plena colaboración con la investigación judicial, garantizando que todos los implicados colaboren sin reservas y faciliten los documentos y accesos necesarios para aclarar la secuencia de decisiones del 29 de octubre.
Las asociaciones se declaran “absolutamente indignadas” por los mensajes entre Pradas, Mazón y Cuenca, que a su juicio confirman que se conocía la alerta hidrológica y que Mazón no actuó con la urgencia necesaria. Insisten en que esta documentación refleja que la información existía y no se usó para salvar vidas, denunciando lo sucedido como una “infamia” hacia las víctimas y sus familias.
Reiteran que no tolerarán que se encubran responsabilidades y que no se normalice la negligencia.
