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Zaplana a prisión incondicional sin fianza  

Zaplana ante Guardía CivilAGENCIAS La juez que instruye el caso Erial ha dictado prisión provisional incondicional y sin fianza, para el exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana (PP), Eduardo Zaplana, según han informado fuentes jurídicas, atendiendo así a la petición de la Fiscalía que apreciaba riesgo de fuga al extranjero y de destrucción de pruebas.

El exministro de Trabajo con el Gobierno de José María Aznar y los otros seis detenidos en la operación por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales se han acogido a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, al no conocer el contenido del sumario.

Tras la decisión de la juez, Zaplana ingresará en las próximas horas en la prisión de Picassent, una cárcel construida en 1990 que cuenta con 239 celdas, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El abogado de Zaplana pidió su libertad por la leucemia que padece, pero la Fiscalía lo rechazó al considerar que el exdirigente, suspendido cautelarmente de militancia en el PP, fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros con los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

La UCO ha trasladado a Zaplana desde la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) hasta Valencia para declarar ante la juez, tras el registro practicado la tarde anterior en su despacho en el edificio de Telefónica, empresa que ha decidido dejar en suspenso su relación laboral.

José y Vicente Cotino, en libertad con medidas cautelares

Mientras, la juez ha decretado libertad con cargos y medidas cautelares para los empresarios José y Vicente Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, según ha informado su abogado, Juan Carlos Navarro. Fuentes jurídicas han informado de que se tendrán que personar semanalmente ante el juzgado que instruye la causa.

Además de Zaplana y de los empresarios Cotino, han pasado a disposición de la juez el exdirigente de la Agencia Valenciana de Turismo y exconsejero del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, y Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat.

Por su parte, el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, se ha acogido a su derecho a no declarar en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Patraix, en Valencia, donde estaba citado como investigado.

El expresidente de Les Corts ha abandonado las dependencias de la Guardia Civil sin que pesara ninguna medida cautelar ni citación para presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 8, encargado de la investigación. A su salida tras declarar ante la Guardia Civil, Cotino ha recordado que la causa está bajo secreto de sumario: “Y cuando se abra, lo sabremos todo”, ha aseverado.

Los agentes investigan un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones “sospechosas”, que se habrían ocultado en paraísos fiscales y que habrían estado retornado al país recientemente. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat. Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como “el yonqui del dinero”, un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.

ITV privatizadas más caras que beneficiaban a amigos, según Compromís

Compromís, socio de gobierno del PSPV en la Generalitat Valenciana, aportará al juzgado que instruye el caso Erial documentos que reflejan que en 1997 la Generalitat, con Eduardo Zaplana como presidente, privatizó el servicio de ITV adjudicándolo por lotes, algunos de ellos a empresas de la familia Cotino, que posteriormente subieron las tarifas fijadas en la concesión hasta hacer de esta ITV la más cara de España antes de venderlas con beneficios millonarios.

A partir de esta documentación, facilitada a Efe, Compromís sostiene que de las plusvalías de esa venta -obtenidas gracias a la subida de tarifas fuera del pliego de condiciones- pudieron salir las supuestas comisiones que podría haber cobrado Zaplana, y que va a llevar a la Justicia la información de que dispone por si ayuda al “caso Erial”.

Según detalla Compromís, en 1997 el Consell de Zaplana decidió privatizar las ITV, por lo que sacó unos pliegos de condiciones y adjudicó diferentes lotes a varias uniones de empresas, como el lote 1, que fue a parar a Servicios De Excavaciones, cuyo acrónimo es Sedesa, de la familia del exconseller Juan Cotino.

Estas empresas se convirtieron en adjudicatarias de un servicio que empezó a funcionar en 1998, de acuerdo con un pliego de condiciones que recogía que las segundas inspecciones, hasta entonces gratuitas, tendrían un coste del 75%, a lo que se sumaron beneficios no recogidos en el pliego, como la actualización de las tarifas al IPC de 2001 a 2009.

Asimismo, recuerdan que el entonces conseller de Medio Ambiente, Rafael Blasco, introdujo mediante un decreto pruebas nuevas, como la sonometría (solo obligatoria en la Comunitat) o la de gases contaminantes, que supusieron que las ITV pasaran de costar de media 18’47 euros a 46’59 euros en 2009.

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