Si nadie lo remedia, el próximo miércoles se consumará la aprobación de la nueva Ley del taxi, que va a provocar centenares de despidos de trabajadores y una gravísima limitación de derechos al autónomo taxista.
El Partido socialista, que en el reparto de consellerias controla la de Vertebración del Territorio, competente en este tema, en un diálogo de sordos con las asociaciones mayoritarias del sector a las que ha ninguneado hasta extremos jamás vistos desde la democracia, con mas de doscientas enmiendas presentadas por grupos parlamentarios y asociaciones , sin estudios previos de necesidad, , en contra del informe del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana va a consumar con la complicidad de los partidos políticos que le dan soporte al Gobierno una conflictiva ley que pretende, entre otros puntos:
– Que los taxistas que tienen contratado un conductor asalariado los despidan.
– Que los taxistas no puedan mantener su licencia después de la jubilación o teniendo una incapacidad permanente tal y como si reconoce la ley de la Seguridad Social.
– Que los hijos e hijas de los taxistas que fallezcan quedan completamente desprotegidos ante esta ley.
– Que quien tenga más de una licencia adquirida y otorgada legalmente por herencia o compra, no pueda explotarla con conductores creando empleo.
– Desaparece la garantía jurídica de que la licencia tenga carácter
indefinido.
– Se nos limita la capacidad de competir con las VTCs en igualdad de condiciones.
Mientras que la anterior ley fue consensuada por todos los interesados (taxistas, usuarios y administración) y no era polémica porque reconocía los derechos de todos y fomentaba el trabajo autónomo, nadie puede comprender la cruzada emprendida por Ximo Puig (dado que es un empeño personal) en generar conflicto donde no lo había e imponer un modelo de taxi sobre el que los tribunales ya se han pronunciado en contra en otras comunidades, provocando la movilización del sector, conflictividad social y un enorme perjuicio para los taxistas autónomos.
Los centenares de enmiendas presentadas, de nada sirven, el valor del diálogo no está en su agenda, los informes económicos y sociales emitidos por órganos independientes como el Comité Económico y Social son para él papel mojado.
Cuando los problemas del taxi son muy graves y se centran en la proliferación de vehículos que les quitan el trabajo en manos de multinacionales no españolas, como UBER, lo que el presidente pretende es atomizar el sector para debilitarlo aun más si cabe y que no pueda hacer frente a los retos de la sociedad actual. Mientras la ley del transporte nacional fomenta LUCHAR contra la atomización del sector para hacer frente a los retos, aquí en la Comunidad se consagra en una política incomprensible en contra del interés general.
s taxistas, profundamente dolidos anuncian movilizaciones y largo recorrido judicial si al final se consuma este atropello.
El presidente:
Ismael Arráez Bañón.
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