200 guardias civiles arropan hasta las puertas de Alcalá Meco al guardia civil condenado a cuatro meses de cárcel por discutir con el jefe
Poco antes de las diez y media, y tras recorrer cerca de un kilómetro a pie, Sergio llegaba a las puertas del penal militar de Alcalá Meco. Llevaba en su brazo derecho a su hija, que en marzo cumplirá dos años. Con el izquierdo se abrazaba a su mujer. Tras él, cerca de doscientas personas prorrumpieron en un caluroso aplauso de ánimo, que Sergio agradeció emocionado antes de cruzar la puerta de la prisión donde pasará los próximos cuatro meses de su vida.
El crimen de Sergio fue discutir con el jefe, tener unas palabras en un mal día en el trabajo. Fue en la Nochevieja de 2006, cuando este guardia civil con doce años de intachable servicio estaba destinado en Guipúzcoa.
Hoy, la anacrónica aplicación del Código Penal Militar ha caído como una injusta y desproporcionada losa sobre Sergio y su familia, y de este modo un guardia civil honrado que trabaja por la seguridad de los ciudadanos pierde la libertad en la España en la que los corruptos se pasean por la calle.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha arropado en todo momento a este compañero, acompañándolo hasta la misma puerta del penal. Miembros de distintas delegaciones provinciales de esta asociación le han apoyado en este duro trance. También han estado presentes representantes del Sindicato Unificado de Policía y de Comisiones Obreras.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado de forma reiterada la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, una cuestión que genera hechos tan difíciles de asumir por parte de la sociedad española como que, mientras que los corruptos que han saqueado las arcas públicas se paseen tranquilamente por la calle, haya servidores públicos que deban entrar en un penal militar por haber mantenido una discusión en su trabajo.
Ante este flagrante abuso, AUGC va a iniciar de inmediato una campaña para recabar apoyos sociales de toda índole con el objetivo de erradicar la nefasta herencia del siglo XIX que supone la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, impulsada además por el actual Gobierno en su campaña de privación de derechos de los trabajadores del Cuerpo.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).