El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado que las malas prácticas urbanísticas y el despilfarro de la Alcaldesa siempre lo acaban pagando los ciudadanos
El concejal el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el Consistorio deberá pagar 10 millones de euros por dos expropiaciones de suelo para jardines en la plaza de Rubén Darío y en Beteró, al “haber eliminado las unidades de ejecución que contemplaban la cesión gratuita y obligatoria de los promotores y la ejecución de los jardines como carga de urbanización”.
“Las malas prácticas urbanísticas y el despilfarro de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, siempre lo acaban pagando los ciudadanos”, ha señalado Sarrià, para quien resulta “cuanto menos sospechoso que los beneficiados por la expropiación y propietarios de los terrenos sean los mismos promotores que debían haber cedido gratuitamente el suelo en el programa de actuación integrada (PAI) presentado al Ayuntamiento”.
En su opinión, la decisión del Gobierno municipal de anular estos dos PAI con sus correspondientes Unidades de Ejecución “ha facilitado estos 10 millones de plusvalías a mercantiles privadas”. Además, ha recordado a la Alcaldesa que su “desidia” y “nefasta gestión evidencia” que el “barco de los intereses generales de los ciudadanos lo abandonó hace muchos años, porque piensa que se pueden pagar cada vez más impuestos para tapar los agujeros de sus ocurrencias”.
ANTECEDENTES
PAI – Unidad de Ejecución Avda Naranjos –Bulevar Serrería
Varios promotores, entre ellos los propietarios del solar destinado a jardín de la Avenida de los Naranjos esquina Serrería (barrio de Beteró) presentaron alternativas Técnicas en el año 2002 para un Programa de Actuación Integrada PAI que incorporaba terrenos edificables del entorno, junto al Tanatorio y al Hospital San Juan de Dios.
La Unidad de Ejecución delimitada incorporaba como cesión obligatoria el jardín citado, así como su ejecución como carga de urbanización, lo que entre otras cosas evitaba una futura expropiación de los terrenos.
Sin embargo, el gobierno municipal durante la tramitación de este PAI concedió la licencia para un Tanatorio (ya construido) y para un Hotel (próximo inicio en obras), y aceptó la anulación de la Unidad de Ejecución.
De esta manera, los promotores propietarios del solar (RS E HIJOS y GESFESA) destinado a jardín han instado la expropiación de los terrenos con una superficie de 3.941 m2, solicitando 12,4 millones de euros. El Ayuntamiento en la Junta de Gobierno Local del pasado viernes 23 de mayo aprobó el justiprecio por importe de 3,4 millones de euros. Ahora será el Jurado Provincial de Expropiaciones quién decida la cantidad definitiva, que generalmente se incrementa.
Además, una vez expropiado, deberá ejecutarse el ajardinamiento, que en la Unidad de ejecución iba con cargo a las cuotas de urbanización de los propietarios del sector.
Unidad De ejecución Avda. Blasco Ibañez, Gorgos, Ruben Darío
El PGOU de Valencia reserva junto al colegio del Pilar una parcela delimitada por la Avenida de Blasco Ibañez, Gorgos y Ruben Darío, con una edificabilidad de 16.240 m2t, para construir un edificio de 14 plantas.
A finales de 2003 diferentes mercantiles, entre ellas RS E HIJOS presentaron un Programa de Actuación Integrada delimitando una Unidad de Ejecución. Esta mercantil propuso en su alternativa técnica ceder gratuitamente y ajardinar el solar destinado a zona verde por el PGOU en la calle Ruben Darío frente a la mezquita con una superficie de 3.306 m2.
Finalmente, el Ayuntamiento rechazó la propuesta y anuló la Unidad de ejecución. De esta manera, tal como reconoce el Gobierno Municipal en contestación a preguntas formuladas por el Grupo Socialista en la Comisión de Urbanismo, se está tramitando un expediente de expropiación a solicitud de los propietarios, u cuya valoración podría ascender teniendo en cuenta la zona en que se ubica a unos 5 millones de euros.
Luego la expropiación de ambas parcelas, que debían haberse recibido y urbanizado gratuitamente, acabarán costando a los ciudadanos en torno a 10 millones de euros entre expropiación y ejecución de los dos jardines, como consecuencia de las malas prácticas del Gobierno Municipal y la ausencia de gestión urbanística, que siempre acaban perjudicando los intereses de los ciudadanos y generando plusvalías privadas.
La retasación de los terrenos del parque de Cabecera de la Familia Cotino
Sarrià ha recordado que en los 23 presupuesto municipales que ha aprobado la alcaldesa se han destinado 550 millones de euros para expropiaciones, y que gran parte de ese dinero se podría haber ahorrado si el urbanismo en esta ciudad se hubiera gestionado desde el interés general, exigiendo a los promotores la cesión del suelo dotacional que les corresponde por la edificación. “Han sido 23 años de construir en la ciudad generando plusvalías privadas y atendiendo exclusivamente a la parte lucrativa del planeamiento de la ciudad” ha matizado Sarrià, para quien el “dejar hacer” de la alcaldesa ha dejado al urbanismo en nuestra ciudad bajo sospecha, con decenas de sentencias en contra por malas prácticas urbanísticas”. Su cansancio y despreocupación por el gobierno de la ciudad lo están pagando todos los ciudadanos, deja una ciudad con decenas de miles de parados y una deuda de casi 1.000 millones de euros, y las dotaciones de los barrios por construirse.
Este despilfarro es exclusivamente responsabilidad suya, como lo fue la retasación de los terrenos propiedad de la Familia Cotino (mercantil Alequería Dolores SL) en el parque de Cabecera, por cuya negligencia se le incrementó el valor de sus terrenos en más de 4 millones de euros
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