Ante la noticia aparecida en los medios de comunicación dando a conocer la compra por parte del Ayuntamiento de Valencia y a través de la empresa municipal AUMSA, del edificio situado en la calle Reina 117, por un importe de 643.860,26 euros y con la intención de derribarla para poder llevar adelante la prolongación de la Avenida Blasco Ibañez, desde la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar se manifiesta que se trata de un edificio que estaba afectado por la prolongación según el PEPRI aprobado en 2001, y del que ya en las pasadas navidades se tuvo conocimiento de que el Ayuntamiento había anticipado unos 343.000 euros a AUMSA para la adquisición de dicho inmueble.
La asociación vecinal explica que ahora que se ha conocido que el importe pagado por el inmueble asciende a 643.860,26 euros, y si se tiene en cuenta que el edificio cuenta con una superficie construida de 429 metros cuadrados, con lo que el precio resultante es de 1.500 euros por metro cuadrado, y que en su momento el ayuntamiento consideró que el precio para comprar las viviendas destinadas a su derribo por la prolongación fue de 325 euros por metro cuadrado, el caso de este inmueble multiplica por cinco la previsión inicial del coste. Por otro lado, la Asociación de Vecinos aclara que las compras en todos estos años rara vez ha superado el valor de 800 euros por metro cuadrado.
Basándose en este argumento, la Asociación de Vecinos Cabanyal – Canyamelar denuncia que supestamente la compra de este edificio supone un acto que se realiza con la finalidad de ejecutar el PEPRI algo que, según viene argumentando el Ayuntamiento cada vez que deniega una licencia de obras, está prohibido por la Orden del Ministerio de Cultura.
Pero la asociación vecinal del barrio del Marítim va más allá, argumentando que el edificio en cuestión, de salir adelante la adaptación del PEPRI acordado por el Ayuntamiento con el Ministerio de Cultura -que en estos momentos está sometida al periodo de alegaciones-, deja de estar afectado por la prolongación y deja de estar fuera de ordenación, pues justo se sitúa en el lado sur de la calle Amparo Guillem, siendo esta calle el límite de la zona afectada. Por tanto “resulta paradójico -argumenta la A. VV. Cabanyal – Canyamelar- que si ahora con la propuesta de Adaptación, el Ayuntamiento ha decidido que ya no hace falta llevar adelante este edificio que goza de interés arquitectónico, según el propio PEPRI, en cambio no aparezca incluido de nuevo en el Catálogo de Edificios Protegidos que propone la Adaptación del PEPRI y en cambio el Ayuntamiento lo adquiera con la intención de derribarlo”.
La asociación vecinal encuentra inexplicable “tanto la compra del edificio, como el hecho de que desde el propio ayuntamiento se mantenga la expectativa de que lo adquiere para su derribo, cuando lo que debería hacer es volver a incluirlo en el Catálogo de Edificios Protegidos, debido a su interés arquitectónico reconocido por el propio PEPRI, a no ser que su adquisición se realice con inconfesables fines especulativos, dado su buen emplazamiento”.
El enfrentamiento entre la asociación vecinal y el consistorio valenciano cumple así un nuevo capítulo de tensión e intercambio de acusaciones.
VLC Noticias | Redacción
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