Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, anunció esta tarde que seguirán adelante hasta completar el operativo de la consulta alternativa del próximo 9 de noviembre y que sus servicios jurídicos estudian emprender acciones jurídicas contra el Gobierno central por “abuso de poder y de derecho” al “no permitir” al Govern ejercer sus competencias en materia de participación ciudadana.
Así, la Generalitat ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que “contemplen” acciones judiciales que “habrían de emprender” contra el Gobierno español por “abuso de poder” y para “proteger” las competencias de la Generalitat en materia de participación ciudadana. “Estas competencias están vigentes y tenemos que protegerlas”, agregaron.
Mas ha reaccionado así en una rueda de prensa a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la impugnación de la consulta alternativa ante el Tribunal Constitucional, que la ha registrado este mismo viernes, tras recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.
El Gobierno ha cruzado “la línea del ridículo”
El Gobierno central “ha cruzado la línea del ridículo” con su decisión de impugnar la consulta ante el Tribunal Constitucional, ha asegurado Mas, porque ha pasado “de hacer bromas” tras conocer la consulta alternativa a presentar un nuevo recurso.
“El Gobierno central está actuando con abuso de poder, abuso de derecho”, ha asegurado, porque “utiliza” al Tribunal Constitucional para hacerle “resolver conflictos políticos”.
Mas acusó al Gobierno de actuar con “una gran dosis de hipocresía”, cuando dice que no va a tener garantías hacia la ciudadanía, cuando es el Ejecutivo de Mariano Rajoy, asegura, quien “hace todo lo posible” porque “no haya garantías” con sus recursos al Constitucional. “Son ellos los que intentan que no haya garantías y luego nos acusan de que no las hay”, ha apostillado.
“No es un referéndum encubierto”
Además, el presidente catalán se reserva la posibilidad de convocar la semana que viene el pacto por el derecho a decidir, con los partidos soberanistas que han respaldado la convocatoria (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP), por si fuera necesario “amparar de la manera más consensuada posible” el “proceso participativo” del 9 de noviembre.
Mas ha insistido en que lo que la Generalitat catalana quiere es conocer la opinión de la ciudadanía, “dar salida a una reclamación general” para expresar su opinión sobre “el futuro político del país”, y por tanto no se trata de algo que pueda parar el recurso del Gobierno, asegura, porque “no es un referéndum, es un proceso de participación totalmente descubierto”.
En este sentido, ha insistido en que el operativo del 9N cuenta con 40.000 voluntarios y que “nadie les ha obligado”, además de 1.317 locales para celebrarlo y más de 6.000 mesas electorales en más de 900 municipios.
VLCNoticias|Redacción
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