Marcos Martínez Barazónpresentó finalmente su dimisión como presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros y ha pedido la baja en el Partido Popular por su imputación en la Operación Púnica, según informaron fuentes de la formación en esta provincia.
Martínez, que se encuentra en prisión, no ha renunciado sin embargo a su acta como diputado en la institución provincial y como concejal en el municipio leonés, por lo que permanecerá en el grupo de los no adscritos.
La dimisión, que firmó desde prisión uno de los principales detenidos en la trama, ya se ha remitido a la Diputación de León y al Ayuntamiento de Cuadros, que procederán ahora a elegir al sustituto de Martínez, según las mismas fuentes.
Marcos Martínez asegura que ha decidido, “teniendo en cuenta su injusta situación”, preseentar su dimisión “para no perjudiciar el normal desarrolllo de las instituciones”
“Soy totalmente inocente de los cargos que se me imputan en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid. Mi situación procesal es injusta, y seguiré proclamando mi inocencia en todo momento, considerando que no se me puede achacar la realización de ninguna actividad ilícita penal”, sostiene en su escrito el todavía presidente de la Diputación de León.
Por su parte, el presidente del PP en León, Eduardo Fernández, ha explicado en declaraciones a los periodistas que al haber solicitado su baja del partido, no será necesario seguir tramitando el expediente de expulsión que se le había abierto.
Fernández ha recalcado que la posición que defiende el PP es que “cuando alguien es elegido por una formación y se va debe devolver las actas”, aunque al mismo tiempo ha reconocido que la renuncia de Martínez Barazón a sus cargos “supone un alivio en tiempo y en procedimientos porque se acortan los pasos que hay que dar para poder tener un nuevo presidente en la Diputación y reduce el periodo entre tres y cuatro semanas”.
El juez de la Operación Púnica, una presunta trama de corrupción infiltrada en ayuntamientos y autonomías que habría adjudicado contratos por 250 millones de euros en los dos últimos años a cambio de comisiones ilegales, envió a prisión a Martínez como presunto autor de los “delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevariación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”.
Según el auto de Eloy Velasco, Martínez habría puesto en marcha procedimientos de negociación de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro, en los que únicamente participaban empresas vinculadas a Alejandro de Pedro “a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León”.
VLCNoticias|Redacción
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