La Junta de Andalucía sancionó con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 euros al Sabadell por incumplimiento de la función social de sus viviendas en esa comunidad autónoma, ya que ambas entidades no ofrecieron sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes, tal y como obliga la ley autonómica.
En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es 97, mientras que el Banco Sabadell tendría dos inmuebles en esa situación. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida.
Según indica la Consejería de Fomento y Vivienda en un comunicado, esta obligación fue establecida por el artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda.
Los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
“Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las VPO no pueden servir a fines especulativos”, afirmó Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, quien apunta que “la protección y garantía del derecho a la vivienda es nuestra principal prioridad”.
La resolución firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, cierra así con dos sanciones de un total de 5,94 millones de euros sendos expedientes abiertos por la Consejería el pasado mes de febrero.
Más expedientes abiertos a otras seis entidades
El departamento que dirige Elena Cortés mantiene abiertos otros expedientes sancionadores a otras seis entidades financieras, por un total 5,1 millones de euros, esto es, BBVA (1,62 millones de euros por 27 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), Building Center (1,56 millones de euros por 26 inmuebles), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por once inmuebles), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por dos inmuebles). Estos expedientes se encuentran en la fase de evaluación de las alegaciones, previa a la emisión de la resolución.
El departamento que dirige Elena Cortés ya ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo, por “obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas”. Además, mantiene abierto otro procedimiento contra la Sareb por 11,7 millones de euros por incumplimiento del artículo 20m por, supuestamente, no haber puesto 98 viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes.
Según recuerdan desde la Junta, la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda “no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino solo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social”. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas continúan plenamente vigentes.
VLCNoticias|Redacción
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