El exalcalde de Toledo José Manuel Molina García (PP), imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el caso Bárcenas, ha negado este lunes ante el juez Pablo Ruz que adjudicara en 2007 un contrato millonario para la recogida de basuras a Sufi, filial de Sacyr, a cambio de una comisión ilegal de 200.000 euros. Un dinero que, según el extesorero del PP, habría servido para financiar la campaña de la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en las autonómicas de hace siete años para presidir el Gobierno de Castilla-La Mancha.
Molina ha asegurado que no ha “adoptado ningún acuerdo ilegal” ni ha “cobrado una comisión” en su “vida”, a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar como imputado durante una hora y cuarto.
El exalcalde de Toledo ha afirmado, en declaraciones a la prensa, que se siente “muy satisfecho” por haber tenido “la oportunidad de defenderse” de “injurias y calumnias” y ha asegurado que ha aportado “pruebas” al magistrado que demuestran su “inocencia absoluta”. “El mayor patrimonio que tengo es mi honor personal e iniciaré las acciones necesarias para defenderlo”, ha dicho antes de indicar que hasta ahora no había podido hacerlo porque trabaja en la Embajada de España en el Congo, informa Radio Televisión Española.
Preguntado por aspectos concretos de la declaración no ha querido responder “por respeto a su señoría” y porque, según ha reiterado, ha aportado pruebas para defenderse.
El ex primer edil del PP ha sido citado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 por parte del Ayuntamiento de Toledo de una contrata de limpieza a Sufi, filial de Sacyr.
Una presunta mordida de 200.000 euros
El juez le ha citado para aclarar la concesión de esa adjudicación a Sufi, ya que se investiga si la comisión de 200.000 euros supuestamente entregada por responsables de Sacyr al extesorero del PP Luis Bárcenas fue destinada a financiar la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi por un periodo de 14 años, que finalmente costó al consistorio 11 millones de euros, podría ser constitutivo de delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).
Tras la declaración de Molina, declara ahora ante el juez como testigo el diputado Sebastián González Vázquez (PP), y luego lo harán en la misma condición el ex viceinterventor municipal del Ayuntamiento de Toledo Francisco Javier Sánchez Rubio y el sucesor de Molina en la Alcaldía de Toledo, Emiliano García Page (PSOE), que lo hará en calidad de testigo.
Con estas citaciones, el magistrado pretende completar la investigación de estos hechos denunciados por Bárcenas “al efecto de constatar la realidad o no de los mismos, y, en último término, el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas”, lo que supondría la remisión de estas pesquisas al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha.
Por esa contrata ya estaba imputado en esta causa el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, quien presuntamente recibió de Bárcenas los 200.000 euros que supuestamente entregó Sacyr y que aparecen anotados en la contabilidad paralela que llevó el extesorero.
VLCNoticias|Redacción
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