(Agencias/RTVE) El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investiga la rama valenciana del caso Gürtel concluye, en el auto con el que ha puesto fin a la instrucción, que existen indicios de que el Partido Popular de esta autonomía financió presuntamente de forma ilegal parte de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 a través de empresas de la trama corrupta.
Por este motivo, el magistrado José Francisco Ceres procesa a un total de 20 personas por delitos electorales, falsedad y delitos fiscales. Entre ellos se encuentran varios exdirigentes del PP valenciano como el ex secretario regional Ricardo Costa y el exvicepresidente del Govern Vicente Rambla; los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa, Álvaro Pérez, el Bigotes y Pablo Crespo; y una decena de empresarios entre los que están Enrique Ortiz y Vicente Cotino.
Ricardo Costa y Yolanda García son en la actualidad diputados autonómicos, aunque Costa ya señalado este lunes a la agencia efe que dejará su escaño en enero.
El instructor pone fin así a las diligencias de las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel en un auto en el que ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el extesorero del PP Luis Bárcenas en lo que respecta a las campañas electorales en Valencia.
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV concluye con carácter “indiciario y provisional” que el PP valenciano mantuvo un “sistema de financiación y pago presuntamente dual” para pagar los servicios y organización de actos contratados con Orange Market para las elecciones de 2007 y 2008 de forma que parte de los gastos se cubrieron supuestamente con dinero negro.
Tras la investigación, el juez señala “la posible existencia” de una forma de pago por parte del Partido Popular para pagar parte de los actos “con dinero oficial (denominado ALICANTE en algunas conversaciones y documentos) y otra parte, presuntamente, en dinero con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero B denominado BARCELONA)”.
Al mismo tiempo, recoge el magistrado en su auto, “se producían unos ingresos indirectos del Partido Popular mediante disminución del débito mantenido por el Partido con Orange Market a través de pagos que diversas sociedades realizaban” a esta empresa “y que se instrumentalizaban mediante contratos presuntamente aparentes sin que tuvieran una real prestación de servicios”.
El juez señala que estos pagos pueden considerarse, según los inspectores de Hacienda, donaciones al PP de empresas que tenían contratos con las Administraciones públicas valencianas y “singularmente de la Generalitat Valenciana”.
Fuentes del TSJ de la Comunitat Valenciana señalan a RTVE.es que, aunque el delito de financiación ilegal no está contemplado actualmente en el ordenamiento jurídico específicamente como tal, el delito electoral recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General lo engloba aunque solo sea para años en los que hay citas electorales.
Este artículo recoge que “los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión”.
En la pieza número 1, referente a las elecciones de 2007, el juez procesa a 15 personas por delitos electorales y falsedad, entre ellas, cuatro exdirigentes del PP valenciano (Ricardo Costa, ex número dos del partido en esta comunidad autónoma y actualmente diputado autonómico; Vicente Rambla, exconseller del Govern; David Serra, ex vicesecretario general del PP, y Cristina Ibáñez) además de los supuestos cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, el Bigotes y Cándido Herrero.
En la pieza número dos, referente a las elecciones de 2008, ha procesado a 18 personas. Además de a Costa, Rambla, Serra e Ibáñez, el juez procesa también a la actual diputada autonómica por el PP y extesorera Yolanda García. En esta pieza están imputados también los cuatro cabecillas Correa, Crespo, El Bigotes y Herrero.
Por su parte, el juez ha acordado el procesamiento por presuntos delitos electorales y falsedad de diez constructores: el expresidente de la patronal alicantina Rafael Martínez Berna, su hermano Tomás, José Enrique Fresquet, Enrique Gimeno, Alejandro y Antonio Pons, José Francisco Bevià, Gabriel Batalla, Enrique Ortiz, imputado con la alcaldesa de Alicante en el caso Brugal, y Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino.
Asimismo, en la pieza seis, el juez instructor ha procesado por presuntos delitos fiscales a cinco personas: Álvaro Pérez, El Bigotes, Cándido Herrero, Pablo Crespo, Francisco Correa y José Ramón Blanco Balín.
VLCNoticias|Redacción
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