Valencia Noticias | Redacción.- Esquerra Unida (EUPV) de la Ribera Baixa considera un despropósito la solución aportada por el Consell de la Generalitat Valenciana al grave problema del agua de uso doméstico que sufren los suministros de 13 poblaciones de la Ribera. El Gobierno autonómico del Partido Popular (PP) pretendía que fueran los usuarios finales quien durante 40 años pagasen 25,5 millones de euros de los 60 millones gastados por el propio Consell y la Unión Europea en el Plan de Abastecimiento de la Ribera. El precio de amortización establece que los usuarios, vecinos y vecinas de los 13 municipios, tendrán que pagar 0.0833 euros por metro cúbico durante 40 años, según notificó el director general del Agua, José Alberto Comos al Ayuntamiento de Albalat de la Ribera. Así la administración autonómica, aplicando un interés del 4 por ciento, recuperará 51,6 millones de euros de los 60 millones gastados.
Desde EUPV se considera que se ha de aplicar el principio de que “quien contamina, paga”. En este sentido, la formación de izquierdas recuerda que la Ribera disponía de pozos de abastecmiento de agua potable, en perfectas condiciones, libres de nitratos, pesticidas, herbicidas, que ahora han aparecido y seguirán apareciendo. Esta contaminación impide que se pueda suministrar esta agua. EUPV considera “responsable a la Generalitat y sus consellerías al no haber regulado adecuadamente el uso de estos herbicidas y pesticidas”s
“Si por omisión por parte del Consell, no hay regulaciones de uso, ¿por qué hemos tenemos que pagar unas infraestructuras para recibir agua buena, si la Ribera siempre ha tenido agua buena?”, se preguntaFelip Hernandis, coordinador da EUPV de la Ribera Baixa y concejal del Ayuntamiento de ALbalat de la Ribera. “Cuando se realiza una circunvalación en una población para mejorar el tráfico, que va en beneficio de todos, ¿son los vecinos de esa población quienes pagan el coste de la infraestructura?”, observa.
Otro detalle importante que encarecerá más el precio del agua de estas 13 poblaciones afectadas de la Ribera es que el Consell, de manera velada, pretende que los Ayuntamientos mezclen el agua contaminada por nitratos (Albalat de la Ribera 70 ml/l por ejempo, y como Albalat la mayoría de pueblos) con el agua de la potabilizadora hasta bajar la contaminación por debajo del 50 ml/l que exige la normativa internacional para gente mayor y lactantes, la del estado español RD 140/2003 y la de la propia Generalitat en el Decreto 58/2006.
Esto será debido a la falta de previsión de agua suprficial del rio Júcar en el nuevo Plan de Cuenca. Además de afrontar el coste de potabilización y distribución, también se tendrá que pagar a los regantes a razón de 0,07 euros por metro cúbico. La Generalitat prevé 7,5 hectómetros/año hasta el 2020, cuando todos los afectados, y también el Consell de Salud del Departamento de la Ribera, estiman las necesidades en 22 hectómetros/año.
Así, los municipios tendrán que seguir manteniendo las infraestructuras propias de extracción y cloración, además de tener que instalar filtros de carbón para evitar los herbicidas ya que habrán de seguir suministrando agua de sus pozos. En este sentido cabe anotar que la Diputación ha prometido a algunos municipios la financiación, que no el matenimiento, de los filtros.
Óscar Navarro, alcalde de EUPV de Polinyà de Xúquer, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremio, que ha sido avalado y pagado por nueve de los 13 ayuntamientos afectados. Albalat de la Ribera, Benicull de Xúquer, Corbera, Sueca, Riola, Fortaleny, Polinyà del Xúquer, siete municipios donde gobierna el mismo partido que está en la Generalitat, además de los de Cullera y Favara, ambos en manos del PP.
Todo esto son incógnitas nunca aclaradas por el vicepresidente cesante del Consell, José Císcar, a las preguntas parlamentarias presentadas por el diputado por EUPV a Les Corts, Lluís Torró.Por último, cabe destacar el despilfarro inicial -se ha hablado de 6 millones de euros- en los pozos de la Garrofera, que no han servido para el Plan de Abastecimiento de la Ribera. Ese gasto forma parte de los 60 millones gastados, de los que 25,5 pretende el Consell que paguen las vecinas y vecinos de las 13 poblaciones afectadas.
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