Valencia Noticias | Redacción.- El pasado 30 de junio, tuvieron lugar decenas de concentraciones en distintas localidades del Estado español en protesta por la entrada en vigor, que se produjo el 1 de julio, de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.
Tal y como denunciaron entonces los distintos movimientos sociales, entre ellos la CGT, la reforma legislativa promovida por el Gobierno busca silenciar la creciente respuesta social
Subdelegación del Gobierno en Castelló no ha tardado ni un mes en poner en práctica una Ley elaborada ex profeso para acallar las voces críticas, especialmente las organizadas.
Con fecha 23 de julio de 2015, la Unidad de infracciones administrativas de este organismo ha remitido a Joan Piñana, Secretario General de la Confederació General del Treball en Castelló, la notificación de “iniciación de procedimiento sancionador” por, según denuncia de la Comisaría Provincial de la capital de La Plana, comenzar una manifestación cuando “sólo había solicitado autorización para una concentración en la plaza de Maria Agustina”.
De esta forma, “la multa que puede corresponder es de 301 euros”. Frente a la sanción, en el documento constan varias opciones: alegar en el plazo de quince días; pagar anticipadamente la sanción económica o esperar a la resolución el expediente.
Sin embargo, y aquí entra la aplicación de la Ley Mordaza, en un documento adjunto con asunto “pago reducido”, se especifica que “los procedimientos sancionadores iniciados” antes de su entrada en vigor “se regirán por la Legislación anterior”, salvo que aquélla “contenga disposiciones más favorables para el interesado”.
Así, se ofrece a Joan Piñana seguir por el “procedimiento abreviado” por el cual, si en el plazo de quince días efectúa el pago del 50 por ciento de la sanción, se producen las siguientes consecuencias: reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa; renuncia a formular alegaciones y terminación del procedimiento.
En este sentido, el Secretario General de CGT-Castelló, que ha sido sancionado en varias ocasiones en el ejercicio de su labor sindical y social tanto por parte de dirección de la empresa en la que trabaja, Correos, como por Subdelegación de Gobierno, señala: “Siempre que han tratado de imponerme una sanción he alegado y luchado por poner en evidencia la injusticia que supone castigar a una persona u organización que, como es el caso de CGT, pugna legítimamente por que se respeten los derechos de las personas. Y los tribunales me han dado la razón. La Ley Mordaza, por su propio contenido y por su intento de soborno para evitar incluso los recursos legales, muestra con toda su crudeza el último recorte legislativo de carácter puramente fascista”.
La CGT de Castelló informa en un comunicado que ha puesto en manos de sus servicios jurídicos este nuevo “montaje represivo” contra el sindicato, similar al ocurrido el año pasado a raíz de la celebración del Primero de Mayo. Y es que, puntualiza el sindicato, “El poder, el sistema, con todo su aparato, con todos los cuerpos y fuerzas represivas, con todas las herramientas legales y no legítimas, está incrementando de forma muy significativa la represión directa contra las personas, organizaciones y movimientos, que estamos ejerciendo de forma organizada nuestros derechos y libertades como son el derecho a la huelga, a la manifestación, a la libertad de expresión y protesta”.
Las multas contempladas en la Ley Mordaza, cuyo proyecto de Ley ya declararon abusivo la ONU y el Consejo de Europa, van de los 100 a los 600.000€ por “infracciones” tales como ocupar la vía pública, impedir un desahucio o resistencia a la autoridad.
Es nuestra arma para acabar con la impunidad de los más poderosos.
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