Valencia Noticias | Redacción.- Maribel Mora, senadora de Podemos, registró en el Senado una propuesta de veto al Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, por insuficiente y al considerar que beneficiará a los condenados por delito fiscal al permitir, previo pago, la ocultación de sus datos. Para la senadora, esta ley generará una situación de desigualdad y una nueva ‘amnistía’ del Gobierno del PP a los grandes defraudadores al permitir que no se publiquen sus datos.
“¿Cómo puede sostenerse que dicha necesidad de transparencia no afecte a defraudadores fiscales que tengan dinero suficiente para ‘pagar’ por la no aplicación de esta norma pese a la trascendencia social de su conducta totalmente insolidaria?”, se pregunta la senadora de Podemos. Este proyecto es, además, “incoherente” con las motivaciones de la propia ley, tal y como recoge el voto particular del magistrado del Consejo General del Poder Judicial Álvaro Cuesta Martínez, al no incluir los delitos contra la seguridad social, que son delitos regulados en el mismo título del Código penal.
Mora también recuerda que este proyecto tiene un carácter claramente electoralista y trata de dar respuesta a la polémica de la opacidad de la lista de amnistiados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Sin cumplir la demanda social y amnistiando a quienes tienen capacidad de pagar su anonimato, esta medida no es más que maquillaje para tapar un problema mayor: la falta de iniciativa del Gobierno del Partido Popular en la lucha contra el fraude”, asegura la senadora. En este sentido, el texto presentado por Mora insiste en que el proyecto de ley genera desigualdad porque no lucha contra los defraudadores ni está destinada a atajar los grandes fraudes fiscales.
“Es del todo inaceptable que un problema de calado, que tiene tal repercusión en el sostenimiento del Estado y la igualdad, sea cerrado en falso con una ley poco eficiente, carente de consenso, y que muestra debilidades fundamentales para cumplir los objetivos que dice proponerse en materia de prevención de fraude, publicidad judicial, transparencia y eficacia”, concluye Mora.
