Valencia Noticias | Agencias.- El Gobierno de Israel autorizó, este miércoles, a la policía y a los cuerpos de seguridad a sellar los vecindarios palestinos de Jerusalén Oriental y a desplegar soldados en las calles para combatir la peor ola de violencia en años en Israel, Jerusalén y la ocupada Cisjordania.
En una reunión del Gabinete de Seguridad celebrada hoy el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también habilitó la revocación de los derechos de residencia de palestinos sospechosos de haber cometido actos de “terrorismo” y aceleró la demolición de casas de personas que cometan ataques.
Siete israelíes y 30 palestinos, incluidos niños y atacantes, murieron en dos semanas de violencia en las que se produjeron tiroteos, ataques con cuchillos, destrozos de autos y respuestas enérgicas en materia de seguridad que rememoraron antiguas revueltas palestinas.
Las causas de la agitación social son múltiples, pero los palestinos están molestos por lo que consideran un aumento de la participación judía en el complejo religioso Al-Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una zona que tanto musulmanes como judíos consideran sagrada.
También hay una profunda frustración por los fracasos de años de esfuerzos de paz que acerquen a los palestinos a convertirse en un estado y que frenen la construcción israelí de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Gran parte de la violencia desatada desde comienzo de octubre ha sido perpetrada por residentes de Jerusalén Oriental, el lado predominantemente árabe de la ciudad.
Israel considera a todo Jerusalén como parte integral del país, por lo que sellar algunos vecindarios implica una drástica escalada en términos políticos y de seguridad. Los palestinos aspiran a que Jerusalén Oriental sea la capital de su potencial estado, conformado además por Gaza y Cisjordania.
Expertos en asuntos militares israelíes cuestionaron el valor de la medida anunciada, diciendo que quienes están decididos a perpetrar ataques encontrarán la manera de hacerlo, por lo que la táctica podría generar más descontento.
Human Rights Watch dijo que la medida, que aún no ha sido impuesta, pero podría llevarse a cabo si la ola de violencia continúa, era una “receta de persecución y abuso”.