Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a once personas, siete mujeres y cinco hombres de entre 22 y 58 años, de origen español, colombiano y boliviano, por su presunta implicación en una trama dedicada a simular la contratación laboral de trabajadores, con la finalidad de que éstos percibiesen prestaciones de la Seguridad Social en unos casos, y en otros obtener la autorización de residencia y trabajo o su renovación.
Las investigaciones se iniciaron en agosto, al tener conocimiento de la existencia de una serie de irregularidades detectadas en relación con las supuestas actuaciones llevadas a cabo por el empresario titular de una empresa, como de un informe emitido por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia.
Al parecer, estas irregularidad estarían dirigidas a eludir sus obligaciones de pago con la seguridad social, así como con las presuntas irregularidades en el alta de numerosos trabajadores extranjeros y españoles con la finalidad de generar permanencias en la seguridad social de los trabajadores supuestamente contratados, para así percibir las diversas prestaciones públicas de la seguridad social, o su acceso a autorizaciones de residencia por parte de los ciudadanos extranjeros.
Tras las pertinentes averiguaciones se conoció que la empresa asentada en Valencia no tenía sede ni actividad real, resultando ser una empresa “fantasma”, que contaba con un supuesto empresario y un administrador, este último sería el encargado de captar a los trabajadores.
La empresa simulaba la contratación laboral de sus nuevos trabajadores, los cuales, o no eran dados de alta en la Seguridad Social o eran dados de alta sin llegar a trabajar ni acudir físicamente a la empresa.
En este caso el propio empresario presuntamente era el encargado de dar personalmente de alta a trabajadores para que completaran el tiempo de cotización que pudiera faltarles y de esta manera acceder fraudulentamente a la prestación del desempleo.
Falsificación de documentos
Durante las investigaciones, los agentes detectaron que para tramitar estas altas se incurría en la falsificación de documentos, con lo cual podrían acceder a las correspondientes autorizaciones de residencia por parte de ciudadanos extranjeros. Sus víctimas eran tanto ciudadanos españoles como extranjeros, que pagaban entre 150 y 300 euros, dependiendo de las gestiones.
Finalmente, los policías han detenido a once personas como presuntas autoras de un delito de falsedad documental, de los cuales a 6 de ellas también se les imputa el presunto delito de estafa.
Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales, tras ser oídos en declaración fueron puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando para ello fuesen requeridos.
VLCCiudad/Redacción
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