Valencia Noticias | Agencias.- La Guardia Civil continúa la investigación y ya ha detenido a 24 personas por una presunta trama de corrupción relacionada con la empresa pública Imelsa.
Entre los detenidos, se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP en la provincia Alfonso Rus, según informa la web de rtve y rne.
La causa, bautizada como Operación Taula, se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas (Ayuntamientos dirigidos por el PP, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat) que se descubrió a raíz de la denuncia por el caso Imelsa.
La operación, que sigue abierta, pero que fue declarada secreta, ha sido ordenada por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. La investigación policial y los arrestos fueron realizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Según las fuentes consultadas, la investigación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.
Rus ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal, según ha confirmado a los medios periodísticos la segunda teniente de alcalde, Cristina Suñer.
La actuación judicial de este martes se ha saldado con, al menos, 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, entre las que hay ex cargos públicos o empresarios que están vinculados a la Generalitat, la Diputación o el Ayuntamiento de Valencia.
Entre los detenidos estarían el exvicepresidente de la Corporación Provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y el exdiputado del PP en las Cortes valencianas David Serra, quien también se encuentra imputado en el caso Gürtel.
En la causa hay también 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Entre los investigados, según señala la web del ente público, está la exconcejal de Valencia María José Alcón, exasesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y esposa del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
También están siendo investigados el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis y Carmen García Fuster (miembro del PP de la ciudad de Valencia), y el exgerente de la Fundación Jaume II El Just Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón.
Registros en la Comunidad Valenciana
En la operación desarrollada se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), el Club Deportivo Olimpic de Xátiva (Valencia) y la sede del Grupo Municipal del PP en Valencia.
Durante la operación se han practicado diecinueve registros en sedes sociales y catorce en domicilios, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Doce registros practicados se han producido en Valencia y diecisiete en otras localidades de esta provincia. En la de Alicante se han llevado a cabo tres registros: en Alicante capital, en Dénia y en Muro de Alcoy, mientras que en la de Castellón ha habido uno en la capital de la Plana.
Según fuentes consistoriales, la Guardia Civil tan solo ha notificado que iban a realizar un registro en los despachos del grupo municipal popular y ha accedido al Ayuntamiento sobre las 10:00 horas.
Los registros en el Ayuntamiento podrían deberse a la posible implicación en el caso de la que fuera concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia en el anterior gobierno municipal ‘popular’ María José Alcón, investigada por el supuesto cobro de comisiones entre los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia.
Agentes de la Guardia Civil registran también desde primera hora de este martes mañana la sede en Valencia de la agencia de comunicación Engloba.
La relación con los supuestos delitos investigados podría derivarse del hecho de que el director general de Engloba participó a través de otra de sus empresas en una de las concesiones del Centro Cultural Espai Rambleta, dependiente del Ayuntamiento de Valencia y primer centro cultural de la ciudad con gestión privada.
De hecho, cuando se produjo la destitución como concejal del Ayuntamiento de Valencia de María José Alcón, se hicieron públicas unas grabaciones entre ella y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent sobre un supuesto cobro de comisiones por el contrato de La Rambleta.
Registros en Xàtiva
También en la localidad de Xàtiva, de la que Rus ha sido alcalde, se encuentran agentes de la Guardia Civil y de la comisión judicial encargada del caso, que han registrado el campo de fútbol del Olímpic.
Uno de los registros en Xàtiva se ha efectuado en el domicilio de Rus, al que han asistido el propio detenido y el fiscal anticorrupción de Valencia Vicente Torres. Un coche blanco ha salido sobre las 15:30 horas de uno de los garajes del edificio, con Alfonso Rus en el asiento trasero del conductor intentando ocultar su rostro con un objeto negro en la ventana.
Los registros en el Olímpic de Xàtiva se deben a que Rus presidía el equipo desde el año 2006 y se investiga si durante su mandato en la Diputación la entidad trabajó con empresas de la presunta trama dirigida desde Imelsa.
Según ha explicado la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xátiva y edil de Compromís, Cristina Suñer, también ha sido registrada la empresa familiar que Alfonso Rus tiene en el Polígono industrial de Xátiva, lugar donde se ha producido la detención del expresidente del PP de la provincia de Valencia.
El Partido Popular de la Comunidad de Valencia ha acordado la destitución “inmediata” de todos los cargos orgánicos que desempeñan los detenidos y su cese en cualquier actividad relacionada con su formación política.
Por otro lado, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha anunciado este martes que si Miguel Llopis y Juan José Medina, ambos implicados en la operación, no renuncian a sus cargos como asesores del PP en al corporación provincial “serán destituidos”.
Por una denuncia de EUPV
El origen de esta causa fue una denuncia presentada en julio de 2014 por la diputada provincial de Esquerra Unida Rosa Pérez Darijo ante la Fiscalía referida a supuestas irregularidades en la empresa pública Impulso Económico y Local (Imelsa), a las que adjuntó diez horas de grabaciones guardadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.
En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste “había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas” del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.
Sin embargo, la práctica de diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era “mucho más extenso” de lo que se recogía en la denuncia inicial, y llevó a la Fiscalía a presentar el pasado mes de marzo una querella, que recayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos contra la administración pública que se investigan en esta causa, declarada secreta desde el inicio, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Unas grabaciones que le costaron el puesto a Rus
A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: “Uno, dos, 2.000, 3.000… y 12.000 euros. Dos millones de pelas”. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.
Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal ‘popular’ María José Alcón.
También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación (estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015) como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia (fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat).
La confesión de Benavent
Hasta ahora, el foco se había situado sobre quien fuera gerente de Imelsa de 2007 hasta enero de 2015, Marcos Benavent, imputado en esta causa y quien en una peculiar comparecencia ante los medios de comunicación a finales de mayo confesaba que se había llevado “de todo”, pues era “un yonqui del dinero”.
En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó “de todo” de la Diputación (aunque pensaba devolverlo, según dijo) y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño “a mucha gente” contando la verdad. “Va a salir mierda a punta pala”, expresó.
En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un “yonqui del dinero”, describió su relación con Rus de “confianza profesional” y agregó que no compartía “muchas cosas” ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar “a todos los niveles”.
Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.
A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el Consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.
Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.
El pasado mes de mayo, poco antes de que EU perdiera en las elecciones su representación en les Corts, su portavoz, Ignacio Blanco, aseguraba que este caso de corrupción superaba “en gravedad” a la trama Gürtel y era “el más importante de la democracia valenciana”, al afectar a varias instituciones y a un “amplio abanico” de dirigentes del PP.
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