La concejala del grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Calabuig, ha acusado al ayuntamiento de “poner trabas, desde hace un año, para la celebración de la procesión del Corpus en la ciudad de Valencia, un evento centenario que constituye una de las señas de identidad de Valencia y que moviliza a centenares de personas”. La procesión del Corpus está declarada BIC por la Generalitat Valenciana.
Pilar Calabuig ha criticado “la negativa por parte del ayuntamiento a seguir alquilando los trajes para una procesión, que más que una manifestación religiosa se ha convertido con los años en un acto cívico, que se viene celebrando desde hace más de 500 años y cuyo patrono es el propio ayuntamiento”.
“El equipo de Gobierno del Ayuntamiento pone en riesgo la Declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial, puesto que en la citada declaración se hace expresa mención a la obligación por parte del ayuntamiento de seguir siendo el patrono y organizador”, según ha explicado la edila, que ha cuestionado “la falta de voluntad y de ideas para aportar una solución por parte del responsable de Fiestas, Francisco Lledó”.
Ha recordado que esta situación ya se dio el año pasado, cuando en fechas previas a la celebración de este acto, el colectivo de amigos del Corpus se vio obligado, ante la negativa municipal a alquilar los trajes, a solicitar el auxilio de los organizadores del evento en otros pueblos del área metropolitana para que les prestaran el vestuario, sin cuya colaboración no habría sido posible realizar esta conmemoración por primera vez en muchos años.
Calabuig acusa al área de Fiestas de negarse a buscar soluciones
“Desde la Concejalía de Fiestas se han negado a buscar soluciones alternativas y han actuado de forma unilateral sin contar con los verdaderos protagonistas del evento, los amigos del Corpus” ha precisado Calabuig, quien ha considerado que “la opción de compra de trajes por el ayuntamiento es una forma de dilatar la solución en el tiempo ya que al ritmo que se prevé de 40 trajes por año se tardaría un mínimo de siete años, sin que haya una solución alternativa mientras tanto”.
Por otra parte, también ha destacado que desde los colectivos implicados “se han propuesto soluciones alternativas, que a la larga implicarían un menor coste”. Sin embargo, ha lamentado que el equipo de Gobierno “se haya negado a aceptarlas, paralizados por el inmovilismo y sin capacidad de diálogo”.
VLCCiudad/Redacción