Valencia Noticias | Redacción.- El grupo socialista en la Diputación de Valencia, a través de la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García, presenta una moción para el pleno de junio en la que se insta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a “reconsiderar su actitud contra los pequeños ayuntamientos de la provincia de Valencia”. Trabajo pretende cobrar alrededor de 3 millones de euros en concepto de la Seguridad Social de los últimos 4 años de los técnicos de los colegios profesionales que han prestado sus servicios en los consistorios, entre 2 y 4 horas semanales.
En una carta remitida a estos municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia de Valencia, el inspector pide que los consistorios contraten a estos profesionales en el Régimen General, pese a que las dos únicas sentencias que se conocen hasta la fecha, del TSJ, resuelven que estos ingenieros, arquitectos o graduados sociales son autónomos, puesto que “en las relaciones existentes entre estos técnicos y los Ayuntamientos empleadores no se dan las notas de ajenidad y dependencia características de una relación laboral”.
En el caso de las sentencias aportadas por Inspección de Trabajo para argumentar esta campaña contra los pequeños ayuntamientos, que necesitan de estos profesionales para resolver cuestiones importantes de su día a día, no analizan situaciones semejantes a las que denuncia el inspector, dado que en ellas, “el profesional prestaba sus servicios integrado en la organización empresarial disfrutando de vacaciones retribuidas, cumpliendo el mismo horario que el personal funcionario y llegando a percibir sus retribuciones en concepto de nóminas”.
No es el caso de estos profesionales autónomos, cuyos honorarios son financiados por la Diputación, con ayuda de los propios colegios profesionales, vía convenios y a través de una retribución de carácter mercantil. Ante estas diferencias entre la Inspección de Trabajo y la Diputación, que ha desarrollado este tipo de convenios a lo largo de los últimos 30 años sin problema alguno, la Corporación muestra su total disposición a iniciar un proceso de diálogo, con la intención de buscar fórmulas que garanticen la prestación del servicio sin el riesgo de que haya nuevas inspecciones.
En caso de que la Diputación diera por bueno el criterio de Inspección de Trabajo, se vería obligada a contratar directamente a estos técnicos, lo que incumpliría la prohibición del Gobierno central de aumentar la masa salarial que las administraciones públicas deben destinar al capítulo de Personal. Por tanto, se produciría la paradoja de que la Delegación del Gobierno tendría que impugnar ante los tribunales las consecuencias de una medida tomada por la Inspección de Trabajo del propio Gobierno.
La moción presentada por la diputada socialista, que se abordará en el pleno de finales de junio, será remitida con posterioridad al delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana y al Ministerio de Trabajo de España. Antes, este mismo martes, Conxa García se reúne con el director general de Administración Local de la Generalitat, Toni Such, y el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Vicent Gil Olmedo, para “coordinar acciones conjuntas en defensa de los intereses de los municipios afectados”, según la diputada de Asesoramiento Municipal.
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