Valencia Noticias | Redacción.- La Concejalía de Bienestar Social ha creado un listado de criterios objetivos para evaluar las solicitudes de ingreso en la residencia Valle de la Ballestera-La Nostra Casa.
La concejala Consol Castillodijo que de esta forma “se regulariza una situación anómala que se había producido en los gobiernos del PP, y ahora el gobierno municipal introduce la transparencia y la evaluación objetiva”.
Según explicó Castillo, la medida evita “la posible discrecionalidad a la hora de dar plazas públicas en la residencia de personas con discapacidad intelectual y establece unos ítems con los que poder evaluar de forma seria y profesional todas las solicitudes de ingreso que llegan a la residencia”.
El grado de dependencia o discapacidad, la situación económica (tomando como base el indicador IPREM), la situación sociofamiliar (situaciones de orfandad, familia monoparental o sufrir situaciones de maltrato), la situación de salud (tanto física como mental) o aspectos como no tener vivienda o habitar en infraviviendas son aspectos que a partir de ahora se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la entrada en la residencia.
Por otra parte, hay que recordar que el pasado mes de mayo Castillo acordó con la Generalitat la cesión paulatina de las plazas de esta residencia, que actualmente se sufraga íntegramente desde el Ayuntamiento con 2,5 millones de euros al año, cuando se trata de un servicio que es competencia de la Conselleria.
En referencia a esta situación, Castillo comentó que “esto ha hecho que durante los años del PP se hayan dedicado numerosos recursos a servicios que correspondían a la Generalitat y, en cambio, se hayan abandonado colectivos que sí que dependen del Ayuntamiento y que no tenían ninguna instalación en la que ser atendidos”.
No obstante, mientras la Generalitat asume de forma total la gestión de la residencia de Valle de la Ballestera – La Nostra Casa, Castillo decidió crear estos criterios de valoración de las solicitudes de plaza e ingreso para este recurso destinado a un sector especialmente vulnerable, como son las personas con discapacidad intelectual, por lo que se ha puesto fin a “un vacío legal”.
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