Valencia Noticias | Redacción.- El Govern de la Nau pondrá en manos del Tribunal de Cuentas toda la información relativa al expediente de expropiación de tres parcelas del Parque de Cabecera, inicialmente calificadas como suelo agrícola y valoradas en 961.000 euros, por las que el Ayuntamiento ha pagado finalmente 18.280.000 tras ser retasadas y pasar a tener consideración de suelo urbano, después de que la corporación municipal anterior no realizara el pago en tiempo y forma pese a los informes de los técnicos a las reiteradas advertencias incluso de los propietarios.
El alcalde, Joan Ribó, ha comparecido junto al responsable del Área de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, para dar cuenta del expediente en el que se recoge el perjuicio de más de 17 millones de euros a las arcas municipales como consecuencia de una actuación del gobierno municipal anterior, calificada por Ribó “como mínimo, de negligente”, tras la retasación de unas parcelas del Parque de Cabecera inicialmente tasadas en 961.000 euros como suelo agrícola, pero por las que se acabó pagando 18.280.000 euros al pasar a convertirse en suelo urbano.
“Perder más de 17 millones de euros en un Ayuntamiento que tiene un déficit endémico de infraestructuras, como plazas de vivienda pública, nos parece sencillamente escandaloso, en el menor de los casos, una negligencia y un ejemplo de gestión pésima, porque habían sido advertidos reiteradamente”, ha afirmado Joan Ribó al referirse al perjuicio económico generado “como consecuencia de no haber hechos las cosas adecuadamente por parte de la anterior alcaldesa y unas cuantos concejales; por no pagar las valoraciones de estas parcelas en su momento y de que los solares de uso agrícola pasaran a ser recalificados como suelo urbano”.
Ribó ha calificado como “muy grave” la situación. “La analizamos, pedimos un informe jurídico, que dice que ha habido un perjuicio económico para este este Ayuntamiento que es totalmente intolerable, y la vamos a llevar al Tribunal de Cuentas por presuntas responsabilidades, además de la anterior alcaldesa, de Miguel Domínguez, como concejal responsable de la Junta de Gobierno Local; Alfonso Grau, coordinador general del Área de Economía; Silvestre Senent , concejal de Presupuestos; Jorge Bellver, coordinador del Área de Urbanismo, y Francisco Lledó, delegado de Expropiaciones.”
Ha añadido el alcalde que el Tribunal de Cuentas “analizará la situación, estudiará la documentación y nos dirá qué pasos hemos de dar”. Según el informe jurídico, los citados son aquellos integrantes del gobierno municipal anterior “que directa o indirectamente tenían que haber participado en la tramitación de estos pagos por las parcelas 21, 58 y 59 del proyecto de ejecución del Parque de Cabecera”.
Ha recordado el alcalde que en el periodo 2006-2007 se pagaron expropiaciones por 9,3 millones de euros, “pero no se pagaron estas expropiaciones de parcelas de dos familias de apellidos conocidos: la familia Cotino y la familia Gómez Trénor”, y también que en el periodo 2006-2008 “el presupuesto inicial para expropiaciones era de 25’86, millones pero tras sucesivas modificaciones de crédito pasó a 83’6 millones, y a pesar de eso no se procedió al pago”.
Decisión por omisión
“A pesar de todas las advertencias, incluso de los propietarios, incomprensiblemente las expropiaciones no se pagaron”, ha asegurado el concejal Vicent Sarrià, “y al no realizarse los pagos dentro de los plazos establecidos, tenían derecho a solicitar una retasación de los terrenos, que pasados los años gozaban de la consideración de suelo urbano”.
Sarrià ha señalado igualmente que “la conclusión del informe jurídico es que los técnicos funcionarios informaron en todo momento correctamente de los pasos a dar, y que fue una decisión por omisión de no llevar nunca a la Junta de Gobierno el pago de estas expropiaciones hasta que ya era demasiado tarde y se había producido el perjuicio económico para las arcas municipales que ciframos en 17.325.000 euros”.
En cuanto a las posibles acciones legales a tomar tras “este claro quebranto económico”, se ha decidido que la vía más conveniente era el Tribunal de Cuentas “para que establezca el alcance del perjuicio y las responsabilidades que se deriven de lo que nosotros entendemos como una clara negligencia en la gestión de los recursos públicos”, ha explicado Sarrià.
Se ha puntualizado que los justiprecios del Jurado de Expropiaciones (961.000 euros) no se recurrieron ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de los propietarios de las parcelas, y el alcalde ha afirmado que “es llamativo que con unos niveles de endeudamiento como los que tenía este ayuntamiento en el pasado, que han bajado mucho, se ‘olvidaran’, entre comillas, de hacer los pagos correspondientes en tiempo y forma, pese a haber sido advertidos reiteradamente por los funcionarios y hasta por los mismos propietarios, cuando además tenían dinero para hacerlo”.
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