La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana ha cuestionado la objetividad del informe de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat, que está en sintonía, según la patronal de los VTC, Unauto, con los emitidos por el órgano nacional y los de otros territorios.
La Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat considera que el proyecto de decreto ley de VTC elaborado por la Conselleria de Obras Públicas “restringe la competencia” y supone “un claro perjuicio” para los usuarios, y por ello recomienda eliminar algunos aspectos recogidos en él
- La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, cuestiona la objetividad del informe emitido por la Comisión de Defensa de la Competencia.
- Las distintas comisiones de la Competencia están despilfarrando dinero público para beneficiar a empresas multinacionales con todo el descaro del mundo, permitiendo y fomentando el monopolio (que es contra lo que deberían luchar), emitiendo informes sesgados, y denunciando toda regulación del sector de la VTC, ignorando sentencias del tribunal europeo y directivas europeas, ignorando sentencias del Tribunal Supremo y leyes nacionales de Transporte y lo que es peor, perdiendo muchas de las demandas en las que intervienen (la última y más importante al respecto de las VTC la tenemos con la Sentencia 921/2018 de 4 de Junio).
- Nuestros gobernantes no pueden permitir que las multinacionales y sus intereses económicos dicten la política de Transporte de nuestras ciudades, ignorando y menospreciando las garantías del servicio, las condiciones laborales, la saturación del tráfico y del medioambiente o la seguridad de los ciudadanos.
- Si los gobiernos autonómicos de toda España han denegado desde hace años las solicitudes de autorizaciones de VTC por sobrepasar el ratio que marca el desequilibrio entre Taxis y VTC (1/30) llegando incluso al Tribunal Supremo, ahora no pueden dejar a este sector tan importante con la situación de desequilibrio y sin regulación autonómica, porque lo diga un informe que solo tiene en cuenta un punto de vista de la competencia (el mismo informe en su página 17 dice que no tendrá en cuenta la legalidad del Decreto, ya que su labor es valorar si se trata de una regulación no restrictiva y favorecedora de la Competencia).
- Solo hay que ver el informe que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a favor de Uber como economía colaborativa (hasta seis consejeros de la misma CNMC solicitaron el cese del autor del informe) para entender que ni siquiera tuvo en cuenta que esta aplicación se saltaba la Ley de Transportes al hacer servicios de transporte sin autorización, tal como sentenció finalmente el Tribunal Europeo, diciendo que esta empresa no es una plataforma digital colaborativa, sino una empresa de Transporte pura y dura.
- A los informes que se hace necesario atender, son los informes de movilidad de Ayuntamientos con experiencia al respecto, como los de Nueva York o San Francisco, sobre la proliferación de estas plataformas y la liberalización de autorizaciones similares a la VTC y su impacto en las ciudades, que nos dice que el usuario de este tipo de plataformas no viene del vehículo privado, sino que son usuarios habituales de otros Transportes públicos, lo que supone finalmente un el incremento del tráfico en los núcleos financieros de hasta un 73%.
- También existe un informe de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte que analiza la situación en países donde se ha liberalizado el Taxi, como EEUU, Reino Unido, Suecia, Nueva Zelanda o Japón, y como resumen decir que esta falta de regulación supuso un aumento de las tarifas de forma generalizada y una disminución de la calidad del servicio.
La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana, como asociación mayoritaria del sector, del que viven más de 7000 familias valencianas de forma directa, confía en la responsabilidad de los legisladores valencianos y que al igual que han hecho Catalanes, Aragoneses, Baleares y Vascos (de distintos y variados partidos políticos) se pongan al lado de la legalidad, la sostenibilidad y la seguridad, y regulen de forma clara a las VTC.