Ni sus socios en el Consell ni la oposición ni los trabajadores. El PSPV se ha quedado solo en su idea de crear la Empresa Pública de Sanidad (EPS) que asuma las reversiones sanitarias, tanto la gestión como a los profesionales contratos en el servicio de resonancias, la farmacia sociosanitaria y, especialmente, el Hospital de Torrevieja. Eldecreto-leyno estará hoy en la mesa del Consell, que escuchará lasprotestas de los sindicatosconcentrados a las puertas del Palau de la Generalitat para protestar. Sin embargo, el presidenteXimo Puigsigue defendiendo este “instrumento” como el apropiado para generar un marco flexible que permita mejorar la sanidad pública. “La pandemia nos ha enseñado las debilidades y la EPS es un planteamiento para mejorar la eficiencia. Hay unos parámetros que hay que tener en cuenta, como que el acceso a la función pública tiene una normas y luego está la eficiencia en la gestión”, recordó el presidente, que no encuentra discrepancias de fondo con sus socios. “Puede haber undebate con tranquilidad, pero después hay que tomar decisionespara avanzar”, advirtió.
Además de la oposición política, la EPS se encuentra con el rechazo de los trabajadores. Los sindicatos de la Mesa Sectorial, CCOO, SATSE, UGT, Sindicato Médico, SAE, CSIF e Intersindical, han mostrado su rechazo y ayer iniciaron sus concentraciones ante la Conselleria de Sanidad, que hoy repetirán en la plaza de Manises. “Es un riesgo inasumible para la sanidad valenciana, porque no deja de ser una empresa privada que puede continuar con los mismos problemas que se han detectados hasta ahora”, aseguró la secretaria general de federación de Sanidad de CCOO-PV, Rosa Atiénzar.
El temor también es que esta empresa no integre solo los servicios extermalizados que vuelven a la gestión pública, sino también algunos de los que actualmente presta directamente la conselleria, de modo que se abra la puerta a facilitar unanueva privatizaciónen un futuro. Su exigencia es que se produzca una “integración real” de los servicios externalizados mediante una fórmula que dé todas las garantías jurídicas posibles y respete los derechos tanto de los profesionales objeto de la reversión como de los estatutarios. Todo ello para asegurar la continuidad de la gestión directa y avanzar en la homogeneización de los servicios de salud.
Contrataciones
En materia laboral, temen que con la EPS haya dificultades para realizar nuevas contrataciones o incrementar el gasto de personal, dado que se le aplicarían “las mismas restricciones que a una administración pública”, como la tasa de reposición. También avisan que se mantendría la “desigualdad” entre departamentos de salud al estar unos gestionados directamente y otros no, lo que iría en contra de la “cohesión” del sistema de salud y de la igualdad de la atención. Además aumentará la “amalgama de convenios laborales” y “difícilmente” ofrecerá unas condiciones equitativas a trabajadores que realizan las mismas funciones. De hecho, los sindicatos recordaron que aún está pendiente de revisar el convenio colectivo del Hospital de La Ribera, que pasó a gestión pública en abril de 2018.
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