Durante el juicio de la pieza D del caso Imelsa, en el que Rus se enfrenta a acusaciones de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, el ex presidente ha declarado que no tuvo ninguna intervención en la adjudicación del contrato del ‘Call center’ a Servimun S.L. Según ha señalado, Imelsa se hizo cargo del servicio para agilizar el trabajo de la Diputación y porque en la corporación provincial no había suficiente personal para hacerse cargo.
Rus ha explicado que cuando Imelsa estaba a punto de contratar personal para llevar a cabo el servicio, se publicó una normativa del Ministerio que impedía a ayuntamientos y diputaciones contratar a nadie. Después de hablar con el responsable de área y con el interventor, se decidió crear el ‘Call center’ para solucionar el problema de la recaudación de impuestos en municipios relacionados con la basura.
Rus ha afirmado que los técnicos de la Diputación y de Imelsa se encargaron de la licitación y ha negado haber dado ninguna indicación en ese sentido. También ha señalado que no habló con Salvador Deusa, jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012 que suscribió el contrato del ‘Call center’ con Servimun.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión. Por su parte, a Mariano López, conocido como el ‘yonki del dinero’, se le atribuyen los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y se le pide cuatro años y medio de cárcel. Los otros cinco acusados en esta pieza están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales.
