La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha levantado la voz en protesta por la prohibición establecida en la recientemente aprobada Ley de Vivienda, que impide realizar el pago del alquiler de vivienda en efectivo, excepto en ciertas circunstancias. Según OCU, esta limitación va en contra de la normativa de consumo, el Código Civil y el Tratado de la Unión Europea.
OCU critica la falta de proporcionalidad y análisis exhaustivo de esta medida, así como su impacto en los colectivos más vulnerables, a pesar de que uno de los objetivos de la ley es eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso a la vivienda.
La ley utiliza su Disposición final primera para modificar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, obligando al pago de la renta a través de medios electrónicos, permitiendo excepcionalmente el pago en efectivo solo cuando alguna de las partes no tenga cuenta bancaria o acceso a los medios electrónicos de pago.
Un estudio del Banco de España sobre el uso del efectivo revela que el 82% de la población española está en contra de la desaparición del dinero en metálico, ya que sigue siendo el medio de pago más utilizado en el país (99%). OCU argumenta que el efectivo no solo es el medio más aceptado entre la población, sino que también favorece la inclusión financiera y evita gastos de mantenimiento y comisiones asociadas a las cuentas bancarias.
La medida de prohibir el pago en efectivo va en contra de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que contempla como infracción la negativa a aceptar el pago en efectivo dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aplicable cuando el arrendador sea empresario o profesional.
Asimismo, esta restricción choca con el Código Civil que permite el pago de deudas con moneda de curso legal y el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que establece el euro como moneda de curso legal en todos los Estados miembros.
Para OCU, esta medida contradice la filosofía de la Ley de Vivienda que aboga por la protección, accesibilidad y no discriminación, al limitar la libertad de elección del consumidor. Además, el efectivo ofrece ventajas como la inmediatez y disponibilidad frente a posibles fallos en sistemas electrónicos, y está menos expuesto a estafas digitales.
La organización advierte que esta medida puede afectar negativamente a personas en situación vulnerable y con menor capacidad digital, pudiendo llegar a discriminar a aproximadamente 1.400.000 personas en riesgo de exclusión financiera.
OCU ha presentado una solicitud al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, instándolos a enmendar la prohibición cuanto antes.