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Un plan estratégico para fortalecer la democracia, según texto, con énfasis en la transparencia y la participación ciudadana
El Plan de Acción por la Democracia es una ambiciosa iniciativa lanzada por el gobierno de España para abordar los retos que enfrenta la democracia en el siglo XXI. El plan tiene sus raíces en las recomendaciones de la Comisión Europea, que en los últimos años ha identificado varios desafíos relacionados con la transparencia, la desinformación y la calidad de las instituciones democráticas. En un contexto global marcado por el deterioro de los sistemas democráticos y el aumento del escepticismo público, este plan se posiciona como una respuesta proactiva.
Contexto: Una Democracia Consolidada pero en Evolución
El Plan de Acción parte de una premisa: la democracia en España es robusta, ocupando posiciones destacadas en los índices globales de calidad democrática. Sin embargo, como en muchas otras democracias europeas, se observan síntomas de desgaste. Según encuestas recientes, aunque el 80% de los ciudadanos españoles consideran la democracia como el mejor sistema de gobierno, su nivel de satisfacción con su funcionamiento ha disminuido en los últimos diez años. Este escenario revela la necesidad de revitalizar y fortalecer los mecanismos democráticos para garantizar su sostenibilidad.
Entre los factores que amenazan la calidad democrática en España y Europa se encuentran la proliferación de la desinformación, la falta de confianza en las instituciones y la influencia desmesurada de intereses privados y grupos de presión sobre la toma de decisiones públicas. El Plan de Acción busca enfrentar estos desafíos con un enfoque estructurado y multidimensional.
Objetivos Principales del Plan
El Plan de Acción por la Democracia está articulado en torno a tres ejes fundamentales, que abordan tanto la mejora de la transparencia en la información gubernamental como la protección de los procesos democráticos y la integridad de las instituciones:
- Ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental.
- Fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de los medios de comunicación y el ecosistema informativo.
- Reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.
Cada uno de estos ejes incluye líneas de acción y medidas específicas destinadas a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones, promover una mayor rendición de cuentas por parte de los poderes públicos y garantizar un acceso equitativo y veraz a la información.
Primer Eje: La Transparencia Gubernamental
El primer eje del plan se centra en mejorar la calidad de la información que el gobierno proporciona a los ciudadanos. Se destaca la importancia de una gobernanza abierta, basada en principios de transparencia y participación ciudadana, y se impulsan mecanismos como la Estrategia de Gobierno Abierto.
Entre las medidas más importantes de este eje se encuentran la obligación de las administraciones públicas de rendir cuentas de manera semestral y la aprobación de una nueva Ley de Administración Abierta que fortalecerá las obligaciones de transparencia de los cargos públicos, especialmente en la gestión de conflictos de intereses.
Además, el plan prevé la creación de nuevas instancias de rendición de cuentas, como la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, que se celebrará en España en 2025, y la consolidación del informe Cumpliendo, una iniciativa clave para verificar el cumplimiento de los compromisos gubernamentales.
Segundo Eje: Medios de Comunicación y Ecosistema Informativo
El segundo eje pone énfasis en la importancia de un ecosistema mediático plural e independiente para el buen funcionamiento de la democracia. La regulación de los medios y la transparencia en su financiamiento son fundamentales para evitar que intereses privados o públicos influyan de manera indebida en la información que llega a los ciudadanos.
Entre las acciones más destacadas de este eje se encuentra la creación de un registro público de medios de comunicación que incluya información sobre su propiedad y las inversiones publicitarias que reciben, con el objetivo de fomentar una mayor transparencia. Asimismo, se propone la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para garantizar una asignación justa y proporcional de los recursos públicos destinados a la promoción en medios de comunicación.
Otra medida relevante es la transposición de la Directiva anti-SLAPP (demandas estratégicas contra la participación pública), que busca proteger a los periodistas y defensores de derechos humanos de acciones judiciales abusivas que buscan silenciarlos.
Tercer Eje: Poder Legislativo y Sistema Electoral
El tercer eje del plan se enfoca en el fortalecimiento del poder legislativo y en garantizar la transparencia y equidad en el sistema electoral. Uno de los puntos clave es la regulación de los debates electorales, que se consideran esenciales para la toma de decisiones informadas por parte de los ciudadanos. Se propone una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para obligar a los candidatos a participar en estos debates.
En cuanto al poder legislativo, se plantea reforzar las sanciones a los miembros del Congreso y el Senado que no presenten sus declaraciones de bienes o que proporcionen información falsa. También se trabajará en una Ley de Grupos de Interés, que establecerá un código de conducta para los grupos de presión y permitirá un mayor control sobre sus actividades.
El Plan también aborda la financiación de los partidos políticos, con el objetivo de endurecer el régimen sancionador para aquellos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.
Gobernanza del Plan
El seguimiento y evaluación del Plan de Acción estará a cargo de una Comisión Interministerial, que se reunirá de manera trimestral para monitorear su implementación. Se utilizarán indicadores específicos para medir el progreso de cada medida y se llevarán a cabo evaluaciones periódicas para adaptar el Plan a los cambios sociales y políticos que puedan surgir.
Desafíos y Perspectivas
El Plan de Acción por la Democracia se enfrenta a varios desafíos, entre los cuales se incluyen la implementación efectiva de las reformas propuestas y la capacidad de generar un consenso político y social en torno a ellas. La lucha contra la desinformación y el fortalecimiento de la independencia de los medios son áreas especialmente sensibles que requerirán un esfuerzo conjunto de múltiples actores, incluyendo al sector privado, la sociedad civil y las instituciones europeas.
Sin embargo, si el Plan logra sus objetivos, podría ser un modelo para otros países que también buscan revitalizar sus sistemas democráticos y hacer frente a las amenazas internas y externas a su estabilidad.
¿Qué opinas sobre las medidas propuestas en el Plan de Acción por la Democracia? ¿Crees que son suficientes para fortalecer la transparencia y la confianza en las instituciones en España?