El Ayuntamiento de Valencia ha decidido extender por un año más la prohibición de abrir nuevos apartamentos turísticos en la ciudad. La extensión de la moratoria, gestionada por el área de Urbanismo, estará vigente mientras se tramita una normativa que limitará la creación de estos alojamientos a aquellos casos en que no superen el 2% de las viviendas residenciales del barrio. El próximo pleno del Ayuntamiento, programado para el miércoles 30 de abril, acordará poner en exposición pública, por 45 días, las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia, enfocadas en regular alojamientos hoteleros y viviendas de uso turístico.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, indicó que esta iniciativa refleja la determinación del gobierno municipal, liderado por la alcaldesa María José Catalá, de controlar el aumento desproporcionado de los apartamentos turísticos en Valencia. Giner señaló que esta situación se deriva, en gran parte, de la inacción de los gobiernos de izquierda durante sus ocho años en el poder, periodo en el cual se permitió la implantación de usos turísticos en locales comerciales de edificios sin un control adecuado de prácticas ilegales en este sector.
La nueva normativa, tras los trámites pertinentes y la aprobación del procedimiento ambiental, implementará diversos controles diseñados para lograr un equilibrio sostenible entre la oferta de apartamentos y plazas hoteleras. Según Giner, la prioridad es proteger a los vecinos y fomentar el uso residencial y el comercio local, promoviendo un turismo sostenible y de calidad que contribuya al desarrollo económico de la ciudad y a la creación de empleo, al tiempo que se mitigan los efectos negativos del aumento incontrolado de apartamentos turísticos.
Durante el próximo pleno, se acordará someter a consulta pública y a las administraciones pertinentes la modificación puntual durante 45 días. En este tiempo, cualquier ciudadano podrá presentar observaciones, sugerencias o alegaciones. Además, conforme al artículo 68 de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, se extiende por un año más la suspensión de licencias.
Las medidas previstas incluyen la prohibición de nuevos alojamientos turísticos en distritos y barrios donde las plazas existentes superen el 8% de la población empadronada. Para proteger el uso residencial y evitar su masiva sustitución por usos turísticos, las viviendas y apartamentos turísticos no podrán exceder el 2% del total de viviendas en cada barrio. La administración anterior solo aplicó una restricción del 10% en El Cabanyal, significativamente mayor que la actual, que se aplicará en toda Valencia excepto en Ciutat Vella, que cuenta con su propia regulación.
Además, se planea proteger el comercio limitando el desarrollo de viviendas turísticas al 15% de los locales en cada manzana, asegurando que el 85% restante se destine a otros negocios como oficinas, restaurantes, peluquerías y farmacias.
