El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha revocado la sentencia que obligaba a declarar la plaza del Cedro y sus alrededores como Zona Acústicamente Saturada (ZAS). La decisión se tomó al considerar parcialmente el recurso presentado por entidades hosteleras y el Ayuntamiento en 2022, cuando Joan Ribó era alcalde de la ciudad. El tribunal argumentó que el consistorio contaba con un solo medidor de sonido en la zona, cuyas mediciones fueron consideradas insuficientes para justificar la declaración de ZAS.
La sentencia señala que las mediciones del único sonómetro, ubicado frente al número 19 de la calle Explorador Andrés, no representan adecuadamente los niveles de ruido del área propuesta por la asociación de vecinos como ZAS. Los residentes habían solicitado que la ZAS incluyera, además de la plaza, las calles Justo y Pastor, Manuel Candela, Blasco Ibáñez y Músico Ginés, donde el sonómetro actual no alcanza a registrar datos.
El TSJ también ordena al Ayuntamiento realizar mediciones representativas mediante las medidas correctoras adecuadas para verificar si se cumplen los requisitos para iniciar el expediente de declaración de ZAS. Si se superan los límites sonoros establecidos por la ley, el consistorio deberá iniciar el expediente de saturación acústica.
La Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín ha expresado su intención de llevar el caso al Tribunal Supremo, anunciando que están analizando la situación con sus abogados. En un comunicado, los residentes lamentaron estar “de nuevo, en la casilla de salida” y solicitaron al Ayuntamiento la instalación de más sonómetros para obtener mediciones precisas del ruido en la zona, conforme a lo dictado por el tribunal.
Los vecinos critican que la resolución judicial demuestra que fueron ellos quienes solicitaron más dispositivos de medición, una petición que fue denegada por el consistorio al considerar que el único sonómetro existente era suficiente. “Ahora resulta que no lo era, y el TSJ condena al Ayuntamiento a instalar más sonómetros, mientras nosotros seguimos sufriendo los efectos de una zona saturada de bares, terrazas, pubs, clubs y discotecas”, afirmaron.
Según la asociación vecinal de Ciudad Jardín, ni el anterior ni el actual equipo de gobierno han tomado medidas significativas para reducir el ruido en el barrio, limitándose a baldear las calles y a una vigilancia policial ocasional. “Hemos estado luchando desde 2021 para que se implementen medidas que disminuyan el ruido, pero entre la incompetencia del Ayuntamiento, la resistencia de la hostelería a reducir su actividad y las dilaciones judiciales, somos los vecinos quienes pagamos las consecuencias. Se están vulnerando nuestros Derechos Fundamentales al descanso y a la intimidad en nuestros hogares”, aseguró el colectivo.
Desde Compromís, el concejal Giuseppe Grezzi criticó la “inacción” del gobierno local por no haber instalado nuevos sonómetros en la zona del Cedro, ni haber implementado un plan efectivo para controlar el botellón, al tiempo que apuntó que se ha incrementado el tráfico en el área, añadiendo más molestias a los vecinos. Grezzi recordó que el Partido Popular tuvo dos años para desistir si estaba en desacuerdo con recurrir la sentencia.
Por otro lado, la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia expresó su satisfacción por la anulación de la sentencia, argumentando que el fallo del TSJ respalda su postura sobre la injusta focalización del problema del ruido en la hostelería. Señalaron que las quejas vecinales surgieron en un contexto de recuperación post-Covid, cuando las fiestas en pisos y los macrobotellones proliferaron. La asociación reiteró su compromiso para mejorar la calidad de vida en la zona, proponiendo acciones conjuntas contra el ruido con los vecinos y el consistorio. Ejemplos de este esfuerzo incluyen campañas de concienciación y cursos de formación para controladores de acceso en locales de ocio.
