El Consell impugna ante el Constitucional el plan del Gobierno para distribuir menores migrantes
El Consell ha cumplido su advertencia al Gobierno central respecto al nuevo plan para distribuir menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. La Generalitat ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que esta medida vulnera competencias autonómicas en el ámbito de los Servicios Sociales y cuenta con el respaldo del Consell Jurídic Consultiu (CJC).
La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, comunicó la decisión en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano celebrado este martes. Camarero criticó que el Gobierno central pretendiera implementar la distribución de menores mediante un decreto ley «sin justificar la urgente necesidad», afectando derechos fundamentales de las personas. Señaló que cualquier medida que impacte derechos fundamentales debería tomar la forma de una ley orgánica.
Camarero también denunció la «falta de diálogo institucional» entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los gobiernos regionales, afirmando que «se imponen medidas sin negociar, coordinar ni dialogar con las comunidades autónomas». Además, puso énfasis en la insuficiente aportación financiera por parte de la Administración General del Estado para cubrir el alojamiento de los nuevos menores.
«Este decreto ley no solo es cuestionable a nivel jurídico, sino que además impone cargas y recursos», afirmó Camarero, explicando que el Consell ha llevado el caso al Constitucional «en defensa de nuestras competencias y autogobierno».
La llegada de 500 menores migrantes no acompañados, que el Gobierno desea alojar en la Comunitat Valenciana bajo el nuevo reparto, agravaría en gran medida la saturación actual de los centros valencianos. Camarero advirtió hace unas semanas que, tras la conferencia sectorial, si la saturación actual de las instalaciones autonómicas ronda el 160%, la llegada del medio millar de menores previsto para la región elevaría ese porcentaje al 300%, es decir, cuatro veces la capacidad actual del sistema de protección. «Es inviable, es imposible, es literalmente un atraco a la Comunitat», aseguró.
