La Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del sector solidario (LARES CV) y la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) han participado en la masiva marcha social que ha congregado a más de 3.000 personas entre usuarios, familiares, trabajadores y centros para solicitar, una vez más, el fin de la marginalidad que el Gobierno valenciano y central están practicando desde hace años al sector de la dependencia y atención a mayores de la Comunidad Valenciana.
La manifestación, que ha contado con el apoyo de las principales asociaciones del sector, de los sindicatos mayoritarios, usuarios familiares, y otras entidades afectadas por esta situación se ha iniciado desde distintos puntos de la ciudad de Valencia, finalizando con la lectura de un manifiesto conjunto ante el Palau de la Generalitat. La Administración valenciana ha vuelto a dar la espalda al sector de la dependencia al no atender ni recoger el mencionado manifiesto.
La participación de LARES y AERTE, ha estado representada por los más de sus 250 centros de las tres provincias. Ambas han solicitado, entre otros aspectos, la actuación urgente de la Generalitat Valenciana para el desbloqueo, por igual y a todos los centros, de la deuda pendiente, cifrada en torno a 110 millones, y el compromiso de no seguir aumentándola: cada mes de impago, supone alrededor de 10 millones de deuda. Se ha insistido además en la resolución urgente de los expedientes de más de 13.000 personas reconocidas por la Ley de Dependencia y que, sin embargo, no reciben su prestación (algunas a la espera desde hace tres años).
José Pascual Bueno, presidente de Lares CV, ha manifestado: “la situación es muy grave, la falta de compromiso del Gobierno y de consideración hacia nuestros mayores es decepcionante, somos un sector muy vulnerable pero no podemos asumir por más tiempo esta situación, la Administración debe cumplir con sus obligaciones y no continuar actuando como si fuéramos invisibles para ellos. Existen residencias que no cobran nada desde hace más trece meses y todo apunta a que seguirán así: esto es insostenible. Y en el caso del sector solidario, el de los centros Lares CV, además contamos con un problema añadido, nos hemos quedado fuera del Plan de Pago a Proveedores por lo que no sólo no hemos cobrado sino que además no nos han dicho cómo y con qué nos van a pagar”.
La situación insostenible hace que 13.000 de los 15.000 puestos de trabajo directos del sector peligren a corto plazo. El sector ya ha reiterado en numerosas ocasiones las dificultades por las que atraviesan los centros de atención a la dependencia, la mayoría de los cuales llevan más de un año sufragando de su propio bolsillo los gastos que no paga Bienestar Social, sobrellevando la situación con préstamos y pólizas de crédito cuyos intereses están asumiendo e incluso, en ocasiones, comprometiendo su propio patrimonio personal. Y todo ello en el mejor de los casos, que es cuando las entidades financieras pueden adelantar ese crédito ya que la deuda con la administración valenciana les ha llegado al límite.
No por repetido el discurso, deja de ser menos grave. La situación se agrava cada mes. Con su participación en la marcha social, patronales y sindicatos desean trasladar al conjunto de la sociedad valenciana la injusta y desesperada situación por la que atraviesan las empresas responsables de la atención a la población dependiente en la Comunidad Valenciana, cuyos problemas generados por los impagos de la Administración Valencia pueden desembocar inevitablemente en más cierres de centros y entidades, si desde la administración no se ponen medidas que de una inmediata solución.
Las acciones se están realizando de forma conjunta por las organizaciones sindicales UGT, CCOO, la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario de la Comunidad Valenciana (LARES CV); la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE); la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (AECAS) y la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP).
VLC Noticias | Redacción
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