El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha defendido hoy una moción en el Hemiciclo en la que ha solicitado que el ayuntamiento de Valencia inste al gobierno central a retirar el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo de salvaguardar los derechos civiles de la ciudadanía, considerados como derechos fundamentales por la Constitución Española. “El gobierno de Mariano Rajoy está recurriendo a medidas propias de Estados pre democráticos donde, con la excusa de la seguridad, se castiga al manifestante calificándolo de peligroso de forma preventiva, es decir, calificándolo como enemigo de la Ley”, ha asegurado el edil.
El pasado 22 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, un texto que anda paralelo a la reforma del Código Penal, con la cual el Gobierno de Mariano Rajoy quiere frenar, de forma abierta, la creciente movilización ciudadana y, muy particularmente, evitar que la ciudadanía pueda denunciar los excesos policiales que tanto deterioran la imagen del Estado español.
Es decir, “prepara una Ley que supera la ya, por ella misma polémica, ‘Ley Corcuera’, paradójicamente recurrida ante el Tribunal Constitucional en su momento por el Grupo Popular, y que ahora se verá empeorada, haciendo peligrar buena parte de los derechos civiles garantizados en la Constitución Española, puesto que sólo pretende criminalizar la oposición política y los movimientos sociales que día detrás día demuestran en la calle que no se resignan a las políticas de austericidio impuestas por la troika formada por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea”, según ha comentado Sanchis.
Por otro lado, el edil ha considerado importante destacar que la inmensa mayoría de las protestas en nuestro Estado han sido pacíficas y basadas en la desobediencia civil. “No es verdad que se quiera proteger a los policías de las Unidad de Intervención Policial sino que, como ha afirmado el Sindicato Unificado de Policía, el que pretende la Ley es evitar protestas ante las Instituciones y los escraches ante los domicilios de los cargos públicos, puesto que las agresiones o amenazas a los agentes ya están penalizadas al Código Penal, incluso con penas de prisión”, ha asegurado.
El concejal de la formación de izquierdas ha afirmado que si se estudia en detalle el anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, el problema fundamental que parece olvidar el PP es que la práctica totalidad de las personas que protestan no cometen delitos, sino que al protestar lo que hacen es ejercer un derecho constitucional, como reconoce el artículo 21 de la Constitución Española. “Ahora, con esta nueva Ley, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, convierte esta Ley en letra muerta y deja en la indefensión total a la ciudadanía a la hora de expresar su descontento con las medidas tomadas por el gobierno”, ha dicho el portavoz municipal.
Faltas administrativas para castigar
Es decir, según el portavoz municipal, el Gobierno empleará las faltas administrativas para castigar a los ciudadanos y ciudadanas que protestan, fuera de las leyes penales, puesto que los Tribunales demuestran, en la mayoría de las ocasiones, que en todo caso hay exceso de celo policial y no infracciones graves de los ciudadanos y ciudadanas.
El concejal ha puesto como ejemplo claro las concentraciones ante los domicilios de los cargos públicos y ha recordado que fueron descritos por el Presidente del Tribunal Supremo como todo un ejemplo de la libertad de manifestación y práctica habitual en numerosos países. “Desde EUPV pensamos que se trata de criminalizar la protesta como un derecho civil, atentando contra el mismo derecho de manifestación reconocido a la Constitución Española”, ha concluido.
VLC Noticias | Redacción
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