El PSPV ha solicitado a la Mesa de Les Corts que presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que otorga a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Marisa Gracia, una indemnización de 99.343 euros. Esta compensación corresponde a los daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Metrovalencia de 2006, el cual resultó en la muerte de 43 personas.
Mª José Salvador, la portavoz adjunta del PSPV, manifestó su total solidaridad con las asociaciones de víctimas del accidente, quienes no comprenden cómo la exgerente puede recibir una indemnización por derecho al honor, equiparable o incluso superior a las compensaciones otorgadas a los familiares de las víctimas. Salvador subrayó que su grupo no forma parte de la Mesa de Les Corts.
El escrito, registrado este martes, destaca que la sentencia representa una “limitación obvia” al trabajo de las comisiones de investigación parlamentarias, cuyo objetivo es esclarecer hechos e identificar responsabilidades políticas que no están vinculadas al ámbito judicial. Respecto a Marisa Gracia, el PSPV recuerda que la comisión de investigación sobre el accidente determinó su responsabilidad política en los trágicos hechos que dejaron 43 muertos y 47 heridos.
El grupo socialista también señala que el puesto de gerente de FGV era una posición de “designación puramente política,” nombrada por confianza por el conseller responsable del departamento al que pertenece la empresa pública.
Los socialistas advierten que la sentencia sienta un “precedente preocupante” al extender el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños ocasionados por intromisiones percibidas en el derecho al honor a personas en cargos políticos. Esto contrasta con la doctrina del Tribunal Constitucional, que hasta ahora había limitado tales compensaciones a empleados públicos.
Por este motivo, el PSPV insta a la Mesa de Les Corts a recurrir la sentencia ante el Supremo y solicita un informe urgente al letrado del parlamento valenciano.
El TSJCV estimó parcialmente el recurso de Marisa Gracia, quien había solicitado más de 218.000 euros, específicamente sobre la responsabilidad patrimonial, al considerar que sufrió perjuicios morales debido a una “conclusión extralimitativa” de la comisión de Les Corts en 2016, que afectó su reputación. Esta comisión atribuyó a Gracia una responsabilidad política en los supuestos actos ilícitos durante su gestión en FGV tras el accidente, aunque un juzgado la exoneró de responsabilidad penal por esos hechos.
