Fiscalía rechaza recurso de Salomé Pradas por la DANA

La Fiscalía de Valencia mantiene la investigación contra la exconsellera por el caso de ayudas tras la DANA de 2021

La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido rechazar el recurso presentado por la exconsellera Salomé Pradas, quien solicitó el sobreseimiento provisional del procedimiento judicial abierto contra ella en relación con la gestión de ayudas tras la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de septiembre de 2021.

Esta negativa por parte del Ministerio Público implica la continuidad de la causa penal y refleja la gravedad con la que se está abordando este caso, una situación que ha generado controversia tanto en el ámbito político como en el judicial.

Rechazo de la Fiscalía: Claves de la decisión

La exconsellera Pradas había solicitado el archivo de la causa alegando la falta de indicios suficientes para mantener su implicación en el proceso. Sin embargo, la Fiscalía de Valencia sostiene que existen motivos razonables para proseguir la investigación penal, al considerar posibles irregularidades en la tramitación de ayudas públicas relativas a los daños provocados por la DANA en varios municipios de la provincia.

Según el escrito de la Fiscalía, se habrían detectado indicios de prevaricación administrativa y otras irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones como responsable autonómica durante el gobierno del Botànic.

Motivaciones del Ministerio Público

Entre los argumentos expuestos por el Ministerio Público para justificar su decisión de continuar con el procedimiento judicial contra Pradas, destacan:

• Existencia de elementos documentales que requieren una mayor profundización antes de proceder a cualquier sobreseimiento.
• La necesidad de practicar nuevas diligencias para esclarecer el rol exacto de Pradas en la concesión o paralización de las ayudas.
• El interés público en determinar posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas de su actuación.

Investigación abierta: Contexto y evolución del caso

La DANA de septiembre de 2021 provocó importantes daños estructurales en infraestructuras, viviendas y terrenos en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, especialmente en las comarcas de la Vega Baja y el sur de la provincia de Valencia. El Consell, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad dirigida por Salomé Pradas, asumió la responsabilidad de implementar y coordinar las líneas de ayudas para los ayuntamientos afectados.

Las investigaciones judiciales se iniciaron a raíz de denuncias recibidas por distintos partidos de la oposición, que señalaban que dichas ayudas no se concedieron de forma transparente ni eficiente. Además, algunas formaciones políticas señalaron que ciertos municipios gobernados por formaciones ajenas al entonces gobierno autonómico sufrieron supuestos “olvidos” en la tramitación de subvenciones.

Actuación judicial y etapas del proceso

El proceso judicial se encuentra en una fase preliminar, en la que se están practicando diligencias tanto documentales como testificales. Entre las actuaciones previstas por el juzgado instructor, se incluye:

• La revisión de expedientes administrativos relativos a la tramitación de las ayudas.
• La citación de varios cargos y técnicos de la Conselleria implicados en el proceso de evaluación de daños y ayudas.
• El análisis de posibles correos internos y documentación que pruebe una decisión deliberada de retraso o exclusión en la asignación de fondos.

Repercusiones políticas: tensiones entre partidos

El rechazo del sobreseimiento solicitado por Salomé Pradas no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas, elevando las tensiones entre las distintas fuerzas del espectro político valenciano. El actual gobierno de la Generalitat, presidido por Carlos Mazón (PP), ha defendido públicamente a la exconsellera, acusando al anterior gobierno del Botànic de constructos políticos “partidistas” y del mal uso del aparato judicial para bloquear actuaciones administrativas.

Por su parte, desde Compromís y el PSPV, partidos que formaron parte del anterior gobierno valenciano, se insiste en que no se trata de una persecución política, sino de un caso con dimensiones legales que merece ser examinado con total objetividad.

Reacciones de los partidos

Las principales formaciones políticas han emitido las siguientes declaraciones en relación con la decisión de la Fiscalía:

• PP: Denuncia una campaña de “acoso judicial” contra cargos del nuevo gobierno, defendiendo la legalidad de los procedimientos ejecutados por Pradas.
• PSPV: Afirma que quien no tenga nada que ocultar debe someterse a la justicia con total transparencia.
• Compromís: Solicita una investigación profunda para depurar responsabilidades si se comprueba una mala gestión del dinero público.

Salomé Pradas defiende su actuación: “Se cumplió con la legalidad”

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, Salomé Pradas emitió un comunicado en el que insiste en que su gestión al frente de la Conselleria fue íntegra y ajustada a derecho. La exconsellera sostiene que las bases reguladoras, plazos y criterios para la concesión de ayudas se diseñaron conforme a lo establecido en la resolución autonómica de emergencia y que los procedimientos administrativos siguieron su curso habitual.

“No hay más irregularidades que las buscadas desde ciertos sectores con ánimo de señalar políticamente”, afirmó Pradas, quien añade que está segura de que “la verdad saldrá a la luz y quedará demostrado que no hubo ninguna intención de perjudicar a ningún municipio por su signo político”.

Apuesta por la transparencia

Además, Pradas ha manifestado su colaboración plena con la Justicia y solicita que se resuelva cuanto antes el procedimiento “para que no se prolongue innecesariamente una sombra de duda sobre su imagen y su gestión”.

Qué es la DANA y qué daños provocó

Una DANA —acrónimo de Depresión Aislada en Niveles Altos— es un fenómeno meteorológico caracterizado por lluvias intensas y de corto plazo que pueden tener efectos devastadores. En septiembre de 2021, la DANA afectó gravemente a varios municipios valencianos, especialmente en zonas de Alicante y Valencia, con consecuencias que incluyeron:

• Inundaciones en viviendas y locales comerciales.
• Cortes de carreteras y vías de comunicación.
• Daños millonarios en infraestructuras públicas y agrícolas.

El Gobierno autonómico activó una línea de ayudas de emergencia con el fin de paliar los efectos de la catástrofe y permitir a los ayuntamientos actuar con rapidez para reparar los desperfectos.

Controversia sobre el reparto de ayudas

Uno de los elementos clave de este caso es el reparto de ayudas. Algunos consistorios alegaron haber sido excluidos o haber recibido menos fondos de los necesarios. El foco de la investigación se centra precisamente en determinar si hubo intencionalidad política en la asignación desigual de subvenciones.

Escenario jurídico: ¿qué puede pasar ahora?

Con el rechazo del sobreseimiento, el procedimiento judicial seguirá su curso en el Juzgado de Instrucción nº9 de Valencia. Las próximas semanas serán decisivas, ya que el juzgado deberá analizar si los hechos investigados pueden derivar en la apertura de un juicio oral. En ese caso, Pradas podría enfrentarse a una causa con acusaciones formales por presunta prevaricación y malversación administrativa.

Los escenarios ahora pueden ser:

• Archivo definitivo del caso si no se encuentran pruebas concluyentes.
• Acusación formal y apertura de juicio oral, si se determina que hubo conducta penalmente relevante.
• Acuerdo entre partes —en su caso— o una posible petición de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.

Impacto público: preocupación ciudadana por el uso de fondos

Este caso ha reavivado la preocupación de la ciudadanía en cuanto a la gestión de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia. La opinión pública pide rigurosidad en el control del gasto y más transparencia a la hora de aplicar criterios objetivos en la distribución de ayudas a municipios.

Según encuestas