La Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado un recurso de apelación presentado por una acusación particular que buscaba que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumiera la causa penal relacionada con la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Esta solicitud tenía como objetivo investigar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por no solicitar la declaración de emergencia nacional al Gobierno central.
Los seis magistrados del tribunal han ratificado así la decisión previamente adoptada en mayo por la jueza encargada de la instrucción, quien pertenece al Tribunal de Instancia de Catarroja, y que fue confirmada en junio al resolver un recurso de reforma. La jueza había denegado la remisión de una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV contra el presidente, dado su estatus de aforado, y también rechazó imputar en el procedimiento a la delegada del Gobierno central en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
La Audiencia ha determinado que la decisión de la jueza es “razonable” tras evaluar las alegaciones de la parte recurrente, y ha decidido desestimar directamente la solicitud relacionada con Carlos Mazón. Según el auto de apelación, los recurrentes no han argumentado “adecuadamente” el cumplimiento de los requisitos establecidos por el auto del TSJCV, que el pasado diciembre ya había desestimado abrir una causa basándose en las querellas y denuncias presentadas respecto a la gestión de la DANA.
Para los magistrados, el recurso de apelación carece de una justificación adecuada según los parámetros del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, la Sección Segunda ha vuelto a rechazar la imputación de la delegada del Gobierno, dado que la apelación no presenta nuevas alegaciones que justifiquen una decisión distinta en comparación con resoluciones anteriores.
El tribunal ha emitido un segundo auto, también notificado este miércoles, en el que desestima un recurso de apelación de otra acusación particular que solicitaba que la jueza de Catarroja llamara a declarar a varios testigos, entre ellos el exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.
