La única presa de la Generalitat no cumplía los requisitos de seguridad cuando llegó la Dana

Redaccion | 18 de diciembre de 2025 | València

La presa de Buseo, la única infraestructura de este tipo cuya titularidad corresponde a la Generalitat Valenciana, no reunía las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente cuando se produjo la Dana del pasado 29 de octubre. Así lo advertía un informe técnico elaborado en mayo de 2024, apenas cinco meses antes del episodio meteorológico extremo.

El documento, incorporado posteriormente a la causa judicial que investiga la gestión de la catástrofe, señalaba deficiencias estructurales y de capacidad hidráulica que podían comprometer la estabilidad de la presa ante lluvias intensas, una situación que finalmente se materializó durante la Dana.

Seguridad insuficiente ante avenidas extremas

El informe técnico indicaba que, en condiciones normales, la presa presentaba un coeficiente de seguridad aceptable. Sin embargo, advertía de que ante una avenida extrema, como la vivida en octubre, se produciría un vertido por coronación que podría causar daños significativos en la estructura.

Según los técnicos, este escenario no cumpliría con lo exigible en la normativa de seguridad de presas, que no permite este tipo de vertidos en infraestructuras de gravedad como la de Buseo. Incluso en una avenida considerada de proyecto, el coeficiente de seguridad ya resultaba insuficiente.

Capacidad de desagüe claramente limitada

Uno de los principales problemas detectados era la limitada capacidad de evacuación del embalse. El aliviadero solo permitía desaguar hasta 215 metros cúbicos por segundo, una cifra muy inferior a los caudales registrados durante la Dana, cuando se alcanzaron picos de hasta 1.100 metros cúbicos por segundo.

Esta falta de capacidad de laminación no era un problema nuevo. Tras la gran avenida de 1957 ya se plantearon actuaciones para aumentar el aliviadero, aunque finalmente no se ejecutaron, manteniéndose la infraestructura prácticamente sin cambios durante décadas.

Desagües deteriorados y elementos inoperativos

A estas limitaciones se sumaba el mal estado de los desagües de fondo, algunos de ellos inutilizados por la acumulación de sedimentos. De las tomas existentes, al menos una se encontraba obstruida y otra permanecía cerrada por riesgo de afectar a uno de los estribos, considerado estructuralmente delicado.

Estas circunstancias redujeron aún más la capacidad de respuesta de la presa durante el episodio de lluvias intensas, incrementando el riesgo en una situación ya crítica.

Una inversión pendiente de más de 10 millones de euros

El informe de 2024 planteaba la necesidad de una actuación de gran alcance para garantizar la seguridad de la presa a largo plazo. Entre las alternativas se incluían la ampliación del aliviadero, la construcción de nuevas infraestructuras de evacuación o incluso la puesta fuera de servicio de la presa.

El coste estimado de estas actuaciones se situaba en torno a los 10,3 millones de euros, una inversión que, según los técnicos, resultaba imprescindible para cumplir con la normativa y reducir el riesgo ante futuros episodios de lluvias extremas.

Avisos previos y falta de reacción inmediata

La empresa gestora de la presa alertó con antelación del riesgo de desbordamiento durante la tarde de la Dana, cuando el embalse se aproximaba a la cota de coronación. Pese a ello, la activación del plan de emergencia específico no se produjo hasta horas después, cuando la situación ya era crítica.

La investigación judicial en curso analiza ahora si estas deficiencias técnicas, conocidas con antelación, y la gestión de la emergencia influyeron en las consecuencias del episodio meteorológico.

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