Los informes revelan convocatorias en redes y un grupo llamado “Asalto a la valla de Ceuta”, aunque el CNI afirma que no pudo prever la dimensión de lo que acabaría ocurriendo

Los 40 documentos desclasificados sobre la crisis migratoria de Ceuta han colocado en el centro del debate una pregunta: qué información tenían las autoridades antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y hasta dónde permitía esa información anticipar una entrada masiva. Gobierno, oposición y socios parlamentarios están realizando interpretaciones muy diferentes de la documentación publicada.

El CNI reconoce que informó sobre convocatorias difundidas a través de las redes sociales, pero mantiene que esos avisos no permitieron anticipar “la magnitud y naturaleza” de lo que finalmente ocurrió.

El CNI había localizado convocatorias para el 30 de julio

Entre la información que aparece en los documentos figura la detección de un grupo de WhatsApp denominado “Asalto a la valla de Ceuta”.

También se habían identificado dos grupos de Facebook que reunían aproximadamente 180.000 miembros, así como llamamientos para intentar cruzar la frontera por mar y por la valla el 30 de julio.

El Gobierno sostiene que estos datos no constituyeron una alerta formal sobre una llegada masiva y señala que la información fue comunicada por WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a una unidad de la Guardia Civil.

Sánchez defiende que nadie pudo prever la magnitud

Pedro Sánchez ha respondido a la polémica asegurando que con los datos disponibles “nadie podía anticipar” la crisis que se produjo los días 30 y 31, ni en España ni en la Unión Europea.

La posición del Ejecutivo es que los avisos del CNI del 29 de julio informaban de convocatorias en redes sociales relacionadas con la Fiesta del Trono, pero “nunca” alertaron de una llegada masiva.

El delegado del Gobierno: “Yo no sabía nada”

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, tampoco tiene intención de dimitir.

Afirma que en los días anteriores se conocía una situación migratoria “grave y compleja”, pero no la magnitud que acabaría alcanzando. Según su explicación, el 24 de julio trasladó a Interior y Migraciones el aumento de la presión migratoria, se reforzó la presencia de la Guardia Civil y el día 27 se abordó la situación con el Gobierno ceutí.

Pérez insiste en que “no sabía nada” de la posterior entrada masiva y defiende que la Delegación no falló.

La oposición interpreta los documentos de forma muy distinta

El PP considera que la documentación demuestra que el Ejecutivo tenía información suficiente y su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha pedido la dimisión de Sánchez. Los populares hablan de “abandono de funciones” y “mentira de Estado”, acusaciones cuya responsabilidad rechaza el Gobierno.

Vox ha elevado todavía más sus acusaciones y pide recurrir al artículo 102 de la Constitución para plantear una eventual actuación del Tribunal Supremo por “traición”.

Las dudas llegan también a los socios parlamentarios

ERC, IU y PNB han expresado diferentes grados de preocupación.

Gabriel Rufián considera que lo publicado refleja un problema entre una parte del aparato del Estado y el Ejecutivo. Enrique Santiago quiere analizar si la información se detectó y transmitió correctamente, mientras que el PNB cuestiona cómo interpretó el Gobierno los datos que recibía.

La controversia se centra así menos en si existieron avisos —los documentos reflejan que hubo información sobre convocatorias— y más en qué alcance tenían, cómo se transmitieron y si permitían anticipar la dimensión de la crisis. El propio CNI sostiene que informó, pero que no pudo prever la magnitud de lo que terminaría sucediendo.