En un proyecto de la Unión Europea liderado por España y gracias al desarrollo tecnológico de los expertos de la Policía Nacional, la secretaría de AMERIPOL ha desarrollado un sistema de intercambio de información con sus unidades nacionales de los distintos países. El jefe de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional ha comparecido esta semana ante la Comisión Parlamentaria de la UE-América Latina para informar de los resultados obtenidos. Además de diversas acciones formativas, se ha participado en la constitución de unidades nacionales de AMERIPOL en los diferentes países que integran este proyecto y se han coordinado varias operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Más de 200 alumnos han participado en las distintas acciones formativas desarrolladas en el marco de AMERIPOL
El proyecto AMERIPOL-UE está financiado por el Instrumento de Estabilidad de la Unión Europea y arrancó en diciembre de 2010 con un plazo de ejecución de 4 años. Como líder del proyecto se designó a un inspector jefe de la policía española, destacado en Bogotá, en la sede de la secretaria ejecutiva de AMERIPOL. Este plan, que cuenta con un presupuesto de 3.700.000 euros, está liderado por España e integrado por representantes de la National Crime Agency (NCA, antigua SOCA) de Reino Unido, ADETEF de Francia, la Polícia Judiciária de Portugal y la Guardia di Finanza de Italia, con la coordinación de la FIIAPP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Los países beneficiarios son Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, y participan asimismo en las actividades del proyecto Venezuela, Barbados y Trinidad y Tobago.
Su objetivo general es la mejora de la capacidad de cooperación internacional de la policía y de las autoridades judiciales y fiscales de los países socios para la lucha contra las redes del crimen organizado transnacional. Como metas específicas se plantea por un lado reforzar el intercambio de información e inteligencia a nivel regional y transregional en América Latina, especialmente con África del Oeste y la Unión Europea, y, por otro, mejorar las capacidades de las fuerzas policiales y fiscalías para realizar investigaciones complejas a nivel regional y transregional.
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