Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
La Ley de Seguridad Privada se aprobó tras su último debate en el Congreso con las críticas de la oposición. La norma, objetivamente, aumenta las competencias de los vigilantes y favorece el negocio de la seguridad privada.
Por primera vez se fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve lapropia seguridad privada, que no puede ser otra que contribuir, con su acción profesional, a completar la seguridad pública de la que forma parte.
Otras importantes novedades que la nueva ley incorpora en su título preliminar son las referidas a la actualización del ámbito de las actividades de seguridad privada; se regulan las llamadas actividades compatibles, consistentes en todas aquellas materias que rodean o tienen incidencia directa con el mundo de la seguridad, y, por otra parte, se completan y perfilan mejor las actividades de seguridad privada, como es el caso de la investigación privada, que se incluye con normalidad en el catálogo de actividades de seguridad.
Además, se reconoce a los operadores de seguridad la condición de personal acreditado como respuesta al gran avance tecnológico y profunda transformación que ha experimentado la actividad de verificación de alarmas.
También se ha aprovechado para realizar una necesaria matización del principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos, cuya formulación actual, excesivamente rígida, ha dificultado o impedido la necesaria autorización de servicios en beneficio del ciudadano, que resulta hoy obsoleta.
Igualmente, en la línea de reducir restricciones a la libre competencia, se liberaliza la actividad de planificación, consultoría y asesoramiento en materia de seguridad privada, que pasa a considerarse como una actividad compatible no reservada a las empresas de seguridad privada, ya que su afección a esta última, y mediatamente a la seguridad pública, no es directa.
La ley modifica el nombre de los guardas particulares del campo, para configurarlos, más adecuadamente, como guardas rurales.
Otra de las novedades que se incorpora en materia de personal, largamente
demandada por el sector, es la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
Además de eliminar el inadecuado y distorsionador período de inactividad, que tantas dificultades y problemas ha supuesto para la normal reincorporación al sector del personal de seguridad privada, en la formación del personal, junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del Interior, se da cabida a otras posibilidades de acceso mediante el sistema que determine el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al contemplarse la posibilidad de una formación profesional reglada o de grado universitario para el acceso a las diferentes profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En su paso por el Senado se haneliminado alguno de los puntos polémicoscomo que los agentes patrullen en las inmediaciones de zonas comerciales. Ahora lo harán en “parques o zonas de ocio delimitados”. Ypodrán tomar notade los datos personalesde los detenidos, sin hacer comprobaciones.
La Asociación Profesional de Detectives Privados de España critica con dureza la nueva Ley de Seguridad Privada. Aseguran que la leyno protege adecuadamente los derechos del cliente y del investigado. La nueva Ley de Seguridad Privada obliga al detective a comunicar a la policía que ha sido contratado. Por eso la Asociación Profesional de Detectives Privados subraya que “la ley debería establecer claramente la confidencialidad de los datos de los clientes, salvo resolución judicial”.
IU y UPyD temen que Interior esté dando luz verde a la posibilidad de que los vigilantes privados colaboren con la Policía en concentraciones sociales. De hecho, la Ley de Seguridad Ciudadana permite a la Policía pedir el refuerzo de estas empresas, previa autorización.
Desde los sindicatos de empresas de seguridad, la primera crítica ha sido del CSI-F, el colectivo denuncia quela ley no incluye la formación de los vigilantespara acciones policiales.
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