El Consejo de Ministros socialista, presidido por Rodríguez Zapatero y Rubalcaba aprobó la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo Castor el 16 de mayo de 2008.
El 11 de noviembre de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente de la socialista Elena Espinosa publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Esta misma ministra concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones marítimas. Y en junio de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del también ministro socialista Miguel Sebastián, publicaba la Autorización Administrativa y el Reconocimiento de Utilidad Pública del almacén subterráneo. Por eso me parece alucinante que Ximo Puig y Juan Fernando López Aguilar tengan la desvergüenza de Venir a Vinaròs a ver los desastrosos efectos de su obra: el Castor”.
Así de contundente se ha mostrado el vicesecretario del Partido Popular de la provincia de Castellón responsable de la zona Norte, Andrés Martínez ante la visita de esta mañana de los dirigentes socialistas a la comarca que ha sufrido más de 500 terremotos “por culpa de un proyecto que hicieron los socialistas ad hoc y que el secretario general de los socialistas valencianos elogió reiteradamente e, incluso afeó al PP por retrasar la apertura de lo que él consideraba una obra vital… y que es todo lo contrario. Lo que puso en marcha un gobierno socialista ha tenido que pararse, para garantizar la seguridad de los vecinos, por un gobierno del PP, no se que hubiera pasado si todas estas autorizaciones las hubiera aprobado un gobierno del PP”.
“El entonces ministro de Justicia fue ‘complice’”
“Lo que, además, me resulta más grave es que Puig haya tenido la arrogancia de hacerse acompañar por Juan Fernando López Aguilar, que fue uno de los ‘complices’ de esta actuación, ya que era ministro de Justicia cuando el Gobierno socialista hizo las primeras aprobaciones en Consejo de Ministros”, ha censurado Martínez.
Además, el dirigente del PPCS se pregunta “si fue el entonces ministro el que tuvo la brillante ocurrencia de plantear la cláusula por la que hay que pagar los 1.800 millones de euros a la empresa del Castor aunque haya negligencia, como todos los informes empiezan a confirmar. Por eso hay que ser muy hipócrita, como es Ximo Puig, para primero elogiar el proyecto, luego apremiar al Gobierno del PP a que pusiese en marcha la planta, y ahora reivindicar que se cierre, se desmantele y no lo paguen los españoles, cuando ya se preocupó el Gobierno socialista de blindar el contrato para que lo tuviésemos que pagar todos los españoles”.
“Así que además de poner en peligro la provincia de Castellón al no pedir los informes pertinentes para garantizar la seguridad de la planta, han dejado un agujero económico de 1.800 millones de euros que deberemos pagar entre todos”, ha declarado el vicesecretario del PPCS provincial responsable de la zona Norte, Andrés Martínez.
“Pero en la provincia de Castellón tenemos memoria, y los movimientos sísmicos nos la han grabado a fuego, y la realidad es que el Gobierno socialista aprobó clausulas abusivas a favor de la empresa y en contra de nuestro territorio y sus gentes. Es más necesario que necesario depurar la responsabilidad de quienes, sentados en el Consejo de Ministros, firmaron las autorizaciones para que se ejecutara una obra de 1.800 millones de euros sin tener todas las garantías de seguridad para las instalaciones y para la población”, ha incidido el también alcalde de Peñíscola.
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