Durante el periodo estival de los últimos años hemos asistido a un insoportable goteo de noticias relacionadas con asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Este verano ha sido, sin duda, el más negro.
Desde la perspectiva policial somos conscientes de que éste es un problema que exige la transversalidad de actuación de muchos organismos y áreas partiendo sin duda de la educación, formación e información.
En AUGC hemos insistido en el hecho de que, aunque un cuartel no es el lugar donde se debe resolver esta lacra, sí es un espacio al que las víctimas acuden con la esperanza de encontrar en él personal sensibilizado y formado capaz de protegerlas.
La protección la otorga la Ley, pero más allá de ella la otorgan las medidas o herramientas de las que se dota a la misma para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan hacerla eficaz.
La ciudadanía ha podido comprobar cómo los últimos años los presupuestos del Estado han ido recortando precisamente esas herramientas y medidas de lucha contra la violencia de género incluyendo la plantilla de la seguridad pública.
Mientras se recortan medios contra la violencia de género, las estadísticas de estos asesinatos no dejan de aumentar. Es como si ante una epidemia sanitaria el Gobierno procediera a cerrar hospitales. Un sinsentido.
Hoy, el tratamiento policial de la violencia de género en la Guardia Civil no se encuentra en disposición de dar un servicio de calidad a la víctima y mucho menos llegar a la protección que exige la norma.
La Guardia Civil cuenta con las EMUMES como Unidades dedicadas a la lucha contra la Violencia de Género (VIOGEN). Son unidades inscritas dentro de la Policía Judicial que no cuentan ni con dedicación exclusiva en materia de VIOGEN ni con el número de efectivos que esta lacra necesita.
Ya en el año 2013, ante unas serie de preguntas parlamentarias al Gobierno sobre el número de efectivos que componían la plantilla de los equipos EMUMES de la Guardia Civil, la Dirección General del Instituto de la Benemérita dio una respuesta maquillada, sabedora de la escasez de personal que contaba para la lucha contra la violencia de género en el ámbito rural. Esta cifra se aumentó con toda la plantilla que componían las unidades de Policía Judicial, lo que sin duda ascendió sobre papel los componentes de las UMUMES desvirtuando la realidad de los medios específicos contra la lucha de la violencia machista.
Las EMUMES se ubican en las capitales de provincia y sólo trabajan en casos extremos siendo derivados el resto de casos, que son la gran mayoría, a los Puestos de la Guardia Civil ubicados en los contextos rurales o a las denominadas Unidades de VIOGEN.
Los Puestos rurales de la Guardia Civil están desbordados en cuestiones de seguridad ciudadana y con mínimos históricos de personal, con la consecuencia de ver muchos de estos cuarteles cerrados, aunque ondeando su bandera, lo cual denota un claro sinsentido de operatividad.
Por lo tanto son los guardias civiles de a pie los que se encargan del gran volumen de trabajo de las denuncias de violencia de género en los ámbitos rurales, que son la cara oculta de esta lacra y donde de forma más agravada se está sufriendo.
Se trata de personal que no reúne la formación ni dedicación que exige la normativa en materia policial de violencia de género.
Todo lo anterior tiene como consecuencia la escasa protección que se puede proporcionar a las numerosas mujeres y menores víctimas de VIOGEN en el ámbito rural.
Sin embargo, la Policía Nacional trabaja desde otra perspectiva en el tratamiento de la violencia de género, contando con grupos especializados e integrados dentro del Catálogo de Puestos de Trabajo, lo que conlleva dedicación exclusiva y formación permanente. Hablamos de los grupos denominados SAF (Servicio de atención a las familias) y UPAP (Unidad de Protección, Atención y prevención), que además cuentan con campañas publicitarias de cara a la ciudadanía.
El aumento de asesinatos contra las mujeres por violencia de género ha provocado la aparición en el seno de la Guardia Civil de Unidades que sin estar creadas mediante catálogo de Puestos de trabajo se dedican a este tratamiento policial.
Son unidades fantasmas denominadas Unidades de VIOGEN, que cuentan con personal detraído de los Puestos de Seguridad Ciudadana, con sello identificativo muchas de ellas, pero sin formación permanente, sin dedicación exclusiva, sin teléfonos de asistencia, sin vehículos camuflados y que un solo efectivo puede llegar a realizar el seguimiento y la atención de hasta 70 víctimas.
AUGC ha puesto estos hechos en conocimiento del Consejo de la Guardia Civil, donde se propuso la “legalización” de estas unidades así como su creación, al igual que la Policía Nacional, con dedicación exclusiva, concreción de funciones y formación permanente, sin que hasta la fecha haya sido atendida e incluso llegando la propia Subdirección General de Personal de la Guardia Civil a reconocer que estas Unidades no existen.
También se han mantenido diversas reuniones con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para exponerle las irregularidades que habían sido observadas siendo su única respuesta el traslado de las mismas a la Secretaría de Estado de Seguridad.
A este hilo el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el año 2014 una Proposición no de Ley, sin que hasta la fecha exista ninguna concreción.
Desde AUGC mantenemos que estas Unidades que realizan un tratamiento policial de la violencia de género podrían estar actuando al margen de la legalidad en relación a la adjudicación de estos puestos de trabajo, plazos de permanencia, retribuciones, etc. pudiéndose amparar en una forma legal prevista para otros fines, dándole apariencia de legalidad.
El año pasado por estas fechas saltaba la noticia de que el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial observó que la mayoría de las mujeres asesinadas en crímenes de VIOGEN que había presentado denuncia previa por malos tratos tenía una valoración de riesgo medio o bajo.
Esta noticia ponía sobre la mesa la incertidumbre sobre cuestiones como la formación de los agentes que tratan esta cuestión, o los propios medios con los que se cuenta para dar seguridad a las víctimas en función de la calificación de la valoración del riesgo.
En repetidas ocasiones se ha solicitado la revisión de los protocolos de las valoraciones del riesgo lo que implica una u otra medida de protección para la víctima, sin que hasta la fecha se haya modificado.
Las mujeres y los menores víctimas de la Violencia machista deben recibir una atención policial de calidad basada en la normativa que implica formación, personal, dedicación y medios.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
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