La deuda que mantiene la Generalitat Valenciana con las empresas encargadas de la gestión de residencias públicas se incrementa mensualmente en más de 3 millones de euros, según informa la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas (AVREP), ante la ausencia de medidas para paliar esta situación por parte del Consell. Actualmente, el impago al que tienen que hacer frente las empresas agrupadas en esta asociación supera los 38,5 millones de euros.
La operatividad de la red de centros públicos compuesta por 40 centros socio-sanitarios, podría verse afectada en las próximas semanas, e incluso terminar por reducirse a sólo 12 recursos ante la situación desesperada en la que se encuentran 28 centros, al no ser incluidas estas empresas en el Plan de Pago a Proveedores impulsado por el Gobierno Valenciano.
Y, lo más grave, es que la pasividad y falta de respuesta del Gobierno Valenciano puede afectar al funcionamiento de éstos recursos socio-sanitarios en los próximos meses, lo que pondría en peligro el 70% de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mediante gestiones integrales.
En este sentido, y con el constante incremento de la deuda, de no afrontar el Gobierno Valenciano los impagos mediante recursos propios, en diciembre la deuda ascendería a casi 50 millones de euros y superaría el año de retraso, situación que no se ha producido en ninguna otra autonomía y que deja en una posición insostenible a gestores, trabajadores y dependientes valencianos.
De hecho, la no inclusión de las empresas de gestión de residencias públicas en los planes de pago, supone condenar a más de 2.600 dependientes y cerca de 2.000 trabajadores a perder sus derechos y empleos, con riesgo de continuidad en la prestación del servicio en la mayoría de los recursos presentes en 25 municipios de Alicante (6), Castellón (3) y Valencia (16).
Deuda validada por intervención
Por ello, desde la Asociación Valenciana de Empresas de Gestión de Residencias Públicas, que agrupa a prácticamente el 100% de los operadores y centros del sector, se ha solicitado al Consell el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y, en este sentido, se ha demandado que se salde la deuda con estos centros con la partida presupuestaria correspondiente, que se encuentra validada por la intervención.
La reducción de la operatividad de los recursos de la red de centros de la Generalitat Valenciana de atención a personas mayores dependientes mermará la calidad de vida de muchos dependientes y sus familias. Y, paralelamente, provocará la pérdida de empleo no deslocalizable, que mayoritariamente beneficia a mujeres en municipios con poca masa de población activa.
AVREP reclama, por tanto, un esfuerzo de los gobernantes autonómicos y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para priorizar los servicios sociales a los colectivos más necesitados, garantizando el derecho adquirido por Ley.
VLC Noticias / Redacción
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