La Justicia de Brasil ha vuelto a ordenar a las operadoras de telefonía móvil que desde este lunes bloqueen los servicios de la aplicación WhatsApp, esta vez durante 72 horas, una medida que ya fue tomada el pasado diciembre cuando el programa estuvo mudo casi medio día, informaron fuentes judiciales.
El juez Marcel Maia Montalvão, del estado nordestino de Sergipe, ha adoptado esa decisión, que entrará en vigor a partir de las 19.00, hora española, de este lunes, en respuesta a una medida cautelar presentada por la Policía Federal.
El motivo de esta medida es el incumplimiento por parte de WhatsApp de órdenes judiciales que obligan a la empresa a romper el sigilo de mensajes enviados por supuestos narcotraficantes a través de la aplicación, propiedad de Facebook.
Redes sociales, un instrumento perfecto para los delincuentes
A raíz de esta misma investigación, Montalvão decretó el pasado marzo la prisión preventiva del vicepresidente de Facebook en Latinoamérica, el argentino Diego Dzodan, quien fue liberado por orden de otro magistrado tras pernoctar en un centro de detención de Sao Paulo.
El juez Montalvão alegó en su sentencia que la compañía no atendió a la Justicia “incluso después del pedido de prisión del representante de Facebook en Brasil” y “de la determinación judicial de quiebra del sigilo de los mensajes de la aplicación para fines de investigación criminal sobre crimen organizado de tráfico de drogas en la ciudad de Lagarto (Sergipe)”.
Las cinco operadoras del país, TIM, Oi, Vivo, Claro y Nextel, ya anunciaron que acatarán la orden, ya que, según medios locales, el incumplimiento acarrearía una multa diaria de 500.000 reales (unos 144.341 dólares) para esas compañías.
El pasado diciembre, un juez de la región metropolitana de Sao Paulo decretó el bloqueo de WhatsApp durante 48 horas por una investigación criminal que no fue revelada.
Doce horas después, otro magistrado restableció el servicio de mensajería al considerar “no razonable que millones de usuarios se vean afectados por la omisión de la empresa de proveer informaciones a la justicia”.
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