Valencia Noticias | Agencias.- Uno de cada tres dependientes reconocidos, 384.326 de 1,2 millones, no recibe prestación alguna o servicio, según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia al cierre de 2015, que denuncia que más de 125.000 personas han muerto en los últimos cuatro años mientras esperaban recibirlas, así lo destaca rtve en sus informativos.
El informe evalúa la aplicación de la ley de Dependencia en cada comunidad autónoma y suspende a 12 de ellas y subraya las “gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión”. Superan el examen con mejor nota Castilla y León (8,6) y Andalucía (7,5), seguido de País Vasco (6,8), La Rioja (6,1), Castilla-La Mancha (5,7) y Madrid (5,7), esta última aprueba por primera vez en esta escala que se realiza desde hace ocho años.
Las comunidades que suspenden obtienen las siguientes calificaciones: Galicia, 4,3; Asturias, 3,6; Cataluña, 3,6; Extremadura, 3,6; Cantabria, 3,2; Navarra, 2,9; Murcia, 2,9; Baleares, 2,1; Aragón, 2,1; Canarias, 0,7; y Comunidad Valenciana, 0.
En España, hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5% de la población, con datos de 31 de diciembre de 2015, detalla el observatorio.
El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha lamentado el recorte acumulado durante la última legislatura “de 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadores familiares”.
El copago es mayor que la aportación del Estado
El informe calcula que la aportación de los usuarios o copago es de un 20% sobre el total de gasto directo del sistema, superando a la aportación del Gobierno central.
“El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la ley, que establece una financiación al 50% por parte de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas”, denuncia el observatorio, que señala que la realidad es que el 62% lo aportan las comunidades autónomas, el 20% los usuarios y el 18% la administración central.
El dictamen señala que si se atendiera a las 384.326 personas que están en lista de espera se generarían más de 90.000 empleos directos, con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros al año.
En este sentido, recuerda que hay 182.000 empleos directos vinculados al Sistema de Atención de la Dependencia a finales de 2015. “Es rentable cumplir la ley, además de un derecho”, ha dicho Ramírez.
El informe alerta de que si no se reponen los recortes y se establece una financiación “seria” de la dependencia, que no dependa del Ministerio de Sanidad, “es previsible que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica”. Por ello, plantea la necesidad de un pacto de Estado “que replantee el modelo de financiación y sea debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.
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